>En otro capítulo de la disputa legal en EEUU por la expropiación de YPF, por la que Argentina fue condenada en primera instancia a pagar USD 16.000 millones por la jueza de Nueva York Loretta Preska, quien además ordenó transferir las acciones del Estado en la empresa (51%) al bufete inglés Burford Capital, Argentina presentó una serie de documentos en los que se defiende.

“En lunes 7,Sobre el caso YPF, alegó que lo hace en “defensa de la soberanía y de los intereses del país” y argumentó:

En su escrito de respuesta al fondo Bainbridge, Argentina señaló que la orden judicial firmada por la jueza Preska implicaría una alteración sustancial del statu quo legal, político y operativo. Según el argumento del Gobierno, ejecutar la transferencia de las acciones Clase D de YPF al Bank of New York Mellon —como paso previo a que queden bajo control de Burford Capital— no solo implicaría violar la Ley 26.741 de soberanía hidrocarburífera, sino que también generaría consecuencias legales y contractuales irreversibles en la estructura financiera de la petrolera.

También en el caso Bainbridge, la Argentina insistió en que la transferencia de las acciones tendría que realizarse bajo un nuevo contrato de custodia y en una cuenta bajo jurisdicción estadounidense, algo que el Gobierno considera jurídicamente inválido. Además, remarcó que no existe jurisprudencia en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito que habilite ejecutar bienes de un Estado extranjero que no estén físicamente en EE.UU., tal como plantea el fallo en cuestión.

Por otro lado, el documento subrayó que el fondo demandante no sufriría un daño real si se acepta la suspensión de la orden. Incluso, señalaron que esa acreencia podría quedar saldada por otras vías, como el eventual resultado favorable de una moción en trámite que Bainbridge presentó ante la jueza para asegurarse prioridad sobre los excedentes del “Brady Collateral”, un paquete de garantías financieras embargado por otro proceso judicial.

En cuanto al fondo de la cuestión, la Procuración del Tesoro sostuvo que la decisión de la jueza Preska es controvertida no solo desde el punto de vista jurídico local, sino también en el ámbito del derecho internacional y la política exterior de los Estados Unidos. La propia administración estadounidense, a través de presentaciones anteriores en otros casos, manifestó su desacuerdo con la idea de que se puedan ejecutar activos soberanos que no se encuentren en territorio estadounidense, remarcaron los abogados de la Argentina.

En ese contexto, Argentina reiteró que el caso presenta “cuestiones legales de primer impresión”, es decir, que no han sido abordadas previamente por los tribunales de apelación, y que eso incrementa la probabilidad de que el fallo sea revertido o modificado en instancias superiores. La presentación enfatizó también que el Congreso argentino debe autorizar cualquier transferencia de acciones estatales en YPF, de acuerdo con lo establecido por la normativa vigente. Por lo tanto, incluso si la jueza confirmara su fallo, la ejecución efectiva de la medida resultaría inviable desde el punto de vista legal.

Mientras tanto, fuentes oficiales remarcaron que la Procuración del Tesoro continuará litigando el caso en defensa de la soberanía y del interés público, y que se trata de un proceso complejo, sin antecedentes, en el que los demandantes no pueden alegar urgencia ni perjuicio directo por demoras en la ejecución de la sentencia.

Fuente: telam