>El Tribunal Supremo ha anulado recientemente la expulsión de un ciudadano ghanés, identificado como Romualdo, que residía en España en situación irregular, al considerar que la Administración no justificó la existencia de circunstancias agravantes que permitieran imponer la expulsión en lugar de una multa. La sentencia, dictada por la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo (Sección Quinta), fija doctrina sobre la aplicación del principio de proporcionalidad en la El caso se originó en Madrid, tras una resolución de la Delegación del Gobierno de 10 de febrero de 2020 que decretó la expulsión de Romualdo y le prohibió la entrada en España durante tres años, por infracción del artículo 53.1.a) de la Ley Orgánica 4/2000, al encontrarse en situación irregular. La defensa recurrió la decisión ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Madrid, que desestimó el recurso. Posteriormente, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Décima) confirmó El recurso de casación presentado por la defensa de Romualdo ante el Supremo planteó dos cuestiones principales: la necesidad de que la expulsión de un extranjero en situación irregular El Supremo ha reiterado que, conforme a la Directiva 2008/115/CE y a la jurisprudencia del TJUE, la sanción preferente para la mera estancia irregular es la multa, y solo puede imponerse la expulsión si concurren circunstancias agravantes debidamente motivadas en la resolución administrativa. El tribunal subraya que “la expulsión, comprensiva de la decisión de retorno y su ejecución, exige, en cada caso y de manera individualizada, la valoración y apreciación de circunstancias agravantes que pongan de manifiesto y justifiquen la proporcionalidad de la medida adoptada, tras la tramitación de un procedimiento con plenas garantías de los derechos de los afectados”.