“Esta es una obra pública mal diseñada y nunca monitoreada. El daño ambiental, conforme al artículo 41 de la Constitución Nacional, obliga a recomponer”, señaló José Esain, abogado de Aves Argentinas y patrocinante de la demanda. También remarcó: “El modelo de desarrollo sostenible, que es el programa ambiental constitucional, obliga a armonizar el desarrollo humano con la protección del ambiente y el Canal de la Patria es un buen ejemplo de esto: debe existir porque sirve para el desarrollo de la región del Chaco Seco, pero debe existir sin comprometer la biodiversidad de esa ecorregión >Desde FARN, el coordinador de Legales, Cristian Fernández alertó que la infraestructura “fragmenta el hábitat y bloquea el movimiento natural de la biodiversidad chaqueña. Urge rediseñarla para garantizar el acceso al agua —como derecho humano fundamental— sin destruir la vida que depende de estos ecosistemas”. Para Manuel Jaramillo, director de Vida Silvestre, “el acceso al agua no puede garantizarse a costa de impedir la circulación de fauna nativa ni poner en riesgo a los animales domésticos. La calidad bromatológica del agua y la conservación de la naturaleza deben ser consideradas en el desarrollo de obras de infraestructura y en los estudios de impacto ambiental y mitigación que de ellas deriven”.

Con fecha del 13 de diciembre de 2024, la Resolución N.º 53/24 de la Defensoría del Pueblo de la Nación advierte sobre graves irregularidades e impactos ambientales derivados del “Nuevo Canal de la Patria” en Santiago del Estero. Señala que el Estudio de Impacto Ambiental fue aprobado sin evaluación técnica adecuada ni procesos de participación ciudadana, y que la autoridad provincial otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental cuando la obra ya estaba en ejecución. Además, denuncia la muerte masiva de animales —incluidas especies en peligro de extinción—, la fragmentación de hábitats naturales y el riesgo sanitario derivado de la acumulación de cadáveres en el cauce, lo que podría afectar la calidad del agua.

Como parte de su análisis, la Defensoría también cuestionó el rol del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), organismo nacional que financió la obra, por no haber evaluado debidamente los impactos ambientales ni haber exigido correctivos. Consideró que la omisión de las autoridades provinciales constituye una irregularidad grave que invalida el certificado ambiental y contraviene los principios constitucionales de prevención, precaución y recomposición. En ese sentido, esta resolución busca sentar un precedente en la obligación del Estado de asegurar que las obras públicas se desarrollen bajo estándares de sostenibilidad, transparencia y protección de la biodiversidad.