>La semana pasada se publicó el boletín de junio del Pacto contra el Hambre y los datos son desconcertantes: más del 80% de la población del norte y noreste de Brasil sufre “alta exclusión alimentaria”. El Pacto contra el Hambre es una iniciativa creada en 2022 que involucra a la sociedad civil brasileña con el objetivo de combatir el hambre y la inseguridad alimentaria en el gigante latinoamericano, movilizando recursos, datos, políticas públicas y acciones concretas para garantizar el derecho a la alimentación. Según el boletín, la situación es especialmente crítica en el norte (81,7%) y el noreste (75,3%), donde más de tres cuartas partes de la población no dispone de medios suficientes para alimentarse adecuadamente y hacer frente a los gastos diarios. Pero incluso en el sur y el sudeste, zonas más desarrolladas, más de la mitad de la población sufre algún tipo de exclusión alimentaria. Según el Pacto contra el Hambre, la causa no es solo el aumento de los precios. “Esta disparidad regional refuerza nuestra visión de que la inseguridad alimentaria en Brasil no solo se debe a factores como la inflación, sino que es el resultado de una combinación persistente de ingresos insuficientes, desigualdades territoriales y barreras estructurales para acceder a alimentos saludables”, se lee en el documento.

El Gobierno de Lula, que el pasado mes de marzo aprobó el tercer Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, se ha fijado como objetivo para el próximo año sacar a Brasil del Mapa del Hambre. Según datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), la inseguridad alimentaria grave ha pasado de 33 millones de personas en 2022 a 8 millones en 2023. Según el representante de la FAO en Brasil, Jorge Meza, la incorporación de prestaciones por hijo a las familias beneficiarias del subsidio Borsa Família es uno de los factores que ha permitido alcanzar este resultado. “Actualmente, este programa llega a 55 millones de personas”, declaró Meza al sitio web de noticias G1.

Este es uno de los factores que, según los expertos, explica el reciente aumento de robos por parte de grupos criminales de medicamentos a base de semaglutida (Ozempic y Wegovy) y tirzepatida (Mounjaro), oficialmente indicados para el tratamiento de la diabetes tipo 2 o la obesidad. Estos medicamentos se revenden luego en el mercado negro a precios muy inferiores a los comerciales, que oscilan alrededor de los 1.000 reales (180 dólares) por pluma. Para tener una idea de cuánto ha crecido este mercado en Brasil, basta pensar que, según la consultora IQVIA, las ventas legales de semaglutida en el gigante latinoamericano han aumentado de 27,5 millones de dólares en 2019 a más de 818 millones en 2024, con un crecimiento del 3.000%. Quienes tienen poder adquisitivo suelen comprarlos en farmacias, pero para quienes no pueden permitírselo, existe un mercado ilegal que se está expandiendo de forma preocupante.

El tráfico de medicamentos para adelgazar también afecta a Europa. Este mismo mes, una mujer brasileña que llegaba de Bruselas (Bélgica) fue detenida en el aeropuerto de Salvador, en Bahía. Pegados a su cuerpo, como hacen las mulas del narcotráfico, la policía descubrió 90 plumas adelgazantes, entre ellas 60 de retatrutida. La retatrutida aún se encuentra en fase experimental a nivel mundial y no puede comercializarse legalmente. Los robos en farmacias para sustraer medicamentos adelgazantes también son ahora habituales en todo Brasil, hasta tal punto que las principales cadenas han comenzado a revisar sus estrategias y a aumentar las inversiones en seguridad. Entre las medidas adoptadas se encuentran las cámaras de vigilancia y los guardias armados en las puertas. En una calle del barrio de Jardins, en San Pablo, en junio, en solo diez días fueron atracadas a punta de pistola al menos tres farmacias. El comercio mayorista y la logística farmacéutica tampoco se salvaron de la delincuencia. Según la Asociación Brasileña de Distribuidores de Medicamentos Especializados, Excepcionales y Hospitalarios (Abradimex), en 2024 el daño total estimado por los robos de cargamentos farmacéuticos fue de 283 millones de reales (51,3 millones de dólares), con la mayoría de los casos en las zonas urbanas de San Pablo y Río de Janeiro.