15/06/2025
Buscan destituir a la jueza que dejó a una menor en manos de su progenitora procesada por difusión de propaganda nazi

Fuente: telam
Hace 7 años que Andrea Bogdan impide a su ex ver a sus hijos. Esto lo habría hecho con el concurso -de mínima pasivo- de la titular del Juzgado de Familia n° 6 de La Plata, María del Rosario Rocca, quien ignoró un diagnóstico oficial de “trastorno psicótico” de la madre y, desde abril, su procesamiento por incitación al odio. Piden su juicio político
>Este sería un caso más de obstrucción de vínculos a partir de una falsa denuncia, de los tantos que duermen en los juzgados de familia, de no ser porque en el medio hubo una maniobra de fraude procesal avalada por la propia jueza y por el defensor oficial, y porque la progenitora excluyente está denunciada desde el año 2021 “Desconocemos la verdad sobre Adolf (Hitler) y sobre el nacionalsocialismo (porque) estamos viviendo en un sistema judío. La demoniocracia (sic) capitalista es judía. Los judíos son jodidos y no es joda”. Estas son algunas de las cosas que Andrea Bogdan, 52 años, artista plástica, dice en los videos subidos a youtube con la sigla DDLA (Detrás De Lo Aparente), nombre del grupo que integraba junto a otras personas y que produjo un film llamado “El diario de Adolf”. También había referencias al “Holocuento” y a los “abusadores judíos”.
Estos materiales fueron secuestrados durante los allanamientos a los integrantes del grupo del que Bogdan era una de las líderes y en base a los cuales Kreplak decidió el procesamiento.Los conflictos por la tenencia de los hijos tras la separación suelen desatarse o agravarse cuando uno de los miembros del matrimonio disuelto vuelve a formar pareja. En el caso de Carlos Herrán lo que desató la furia de Bogdan fue que su ex se puso en pareja con otro hombre. En eso se basó para negarle el derecho de ver a los hijos. Cuando él fue a buscar a los chicos para pasar con ellos el Día del Padre, el 15 de julio de 2019, ella no se los entregó y lo amenazó con llamar a los amigos que lo querían golpear: “¿Sabés la cantidad de pibes que te quieren romper la cara? ¿Querés que los llame?”
Mariela Meconcelli, abogada de Carlos Herrán en la causa de familia, afirma que “hay un abuso del derecho en la protección a la mujer” y que la herramienta que da la Ley 12569, de protección contra la violencia familiar, “que es muy fácil de usar” porque permite dictar medidas cautelares sin requerir prueba, se termina usando “para resolver otras cuestiones” como la disputa por los hijos o por los bienes. Pero, aclara Meconcelli, “una vez que se dicta la medida sí hay que desarrollar prueba”. Y acá es donde falla la justicia.
“Esta ley se usa de manera desmedida en los juzgados de familia -dice Meconcelli en charla telefónica con Infobae-. Entiendo que en la urgencia se dicta la medida, de exclusión por ejemplo, pero si la otra parte presenta prueba…”. Fue el caso de Carlos Herrán: “En la misma fecha que denuncia el impedimento de contacto, presenta prueba que desmiente la denuncia inicial de la madre pero no la consideran ni resuelven”.En un taller organizado por el Colegio de Abogados de La Plata, la doctora María del Rosario Rocca se hizo notar por decir sin sonrojarse que Rocca basó cada una de sus medidas en la denuncia, a todas luces falsa, de la madre y no se movió de esa posición. No valoró las pruebas aportadas por el padre ni buscó producirlas ella misma. Jamás recibió a Carlos Herrán en estos más de siete años de iniciada esta causa.
El otro hijo es actualmente mayor de edad, pero la maniobra de exclusión ya ha dado sus amargos frutos: Herrán ignora todo sobre él.
“El daño es irreparable -dice la doctora Meconcelli-. Después de tantos años, Herrán es un desconocido para sus hijos. Tiene perimetrales desde 2019, sin prueba ni fundamento. La última es del 15 de noviembre de 2024, pedida por la madre dos días antes. Se la dan de inmediato. Se busca borrar la figura del padre”.Andrea Bogdan hizo participar a su propia hija en uno de los videos que produce. En él se ve a la niña llevando flores a la tumba de su padre…Aunque el Juzgado Federal N.º 3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak, procesó a Andrea Bogdan y a otros integrantes de su grupo “por difusión sistemática de contenidos de odio, propaganda antisemita y negacionista” y utilización de la hija menor de edad “en producciones audiovisuales con alto contenido ideológico y simbología nazi”, tampoco esto generó ninguna acción ni medida de protección de parte de la jueza.
Aunque la jueza sostiene que “ante la falsa denuncia no se puede hacer nada”, Herrán denuncia que ella “no ha sido una espectadora pasiva”, sino “actora y garante de un proceso de desvinculación forzada, motivado por prejuicios” y “sostenido por omisiones”.
Y acá viene la maniobra que determinó a Herrán, asesorado por Anzoátegui, a pedir el juicio político a esta magistrada.Los elementos que fundaron esta conclusión son los siguientes: “Delirios de carácter mesiánico y conspirativo, enmarcados en una cosmovisión ocultista-nazi y superioridad racial. Reticencia absoluta a la autocrítica o al abordaje terapéutico. Discurso negacionista del Holocausto, antisemita y discriminatorio. Ausencia total de angustia o capacidad de reflexión sobre el conflicto familiar, lo que en sí mismo representa una señal de riesgo clínico”.
El informe de los peritos concluía con la recomendación expresa de evaluar con carácter urgente a la menor, a fin de establecer el grado de vulnerabilidad psicológica y manipulación ideológica al que podría estar sometida.
¿Qué hizo la jueza Rocca con esta pericia, producida, vale reiterar, por el Cuerpo Técnico Auxiliar del Poder Judicial de La Plata? ¿Qué medidas tomó para proteger a la menor de edad?“Un informe se puede mantener en reserva”, dice Patricia Anzoátegui ante la consulta de Infobae. “Pero lo que no se puede es no tomar ninguna medida ante un informe de tanta gravedad”, acota.
¿Cómo se entera Herrán de la existencia de esa pericia, que la jueza le ocultó? Fue en el ámbito de la justicia penal, dice Anzoátegui, gracias a las investigaciones llevadas a cabo por el Juzgado de Kreplak.
Entre los elementos secuestrados en los allanamientos estaba el teléfono de Bogdan que fue peritado. Del contenido de los mensajes de whatsapp intercambiados con su abogado de oficio surgió que el juzgado de familia que le negó y le niega hasta hoy a Carlos Herrán el acceso a su expediente, le filtró la pericia a la otra parte.Pero el informe no solo fue ocultado sino que fue filtrado al abogado de Andrea Bogdan, Rafael Falivene, Defensor Oficial, y éste se lo dio a su defendida, en lo que representa “una violación del deber de imparcialidad judicial y del principio de igualdad”, dice la denuncia de Herrán.
Dos días después, el 29 de diciembre, Andrea Bogdan responde: “Buen día Rafael, la Lic. Durand hace test neurocognitivos, no sirven para rebatir lo dicho por los del juzgado 5. Y me cobró 8 mil por nada. Busqué alguien que hiciera estos psicodiagnósticos para judiciales, no es fácil, encontré al Lic. Roberto Casanova en CABA. Pero me cobra 160 mil pesos. Mucho dinero para mí. ¿Se justifica para la causa?”
¿Cuál sería esa situación análoga? ¿Otra falsa denuncia? ¿Otra pericia oficial que había que tratar de voltear? ¿Otra señal de riesgo clínico a ignorar?
A ella le dieron una ventaja procesal entregando el informe a su abogado, otro funcionario público cuya conducta habría que observar. “Está involucrado en una parcialidad notoria -dice Meconcelli- Estoy acostumbrada a ver irregularidades pero esto supera todo”.
En su denuncia, Herrán dice que todos estos elementos “demuestran una planificación deliberada para manipular prueba pericial en el expediente [que] trata la tenencia de la menor”, y “que el informe original del CTA fue ocultado en sede de familia” y sustituido por otro obtenido por mecanismos que falsean su resultado.“No hay fundamentos para que un particular no pueda ver su causa -afirma Mariela Meconcelli-. En todo este tiempo, Herrán no pudo ejercer su defensa como corresponde porque no accedió a esa información”.
Desde septiembre de 2018, Carlos Herrán fue excluido del vínculo con su hija, en base a una denuncia por violencia familiar que no fue investigada. Esta exclusión parental fue prolongada por más de siete años a través de resoluciones de la jueza Rocca que nunca valoró las pruebas de descargo presentadas por Herrán ni tuvo en cuenta el derecho de la menor a mantener vínculos familiares
Y cuenta otro hecho irregular en esta causa. La Abogada del Niño tuvo una audiencia con los dos hijos y éstos acceden a que ella los representase. Pero en la segunda audiencia, por videollamada, la madre aparece y le dice que los chicos no quieren ser representados por ella… El juzgado dice entonces que, teniendo en cuenta lo que dice la abogada del niño, se rechaza el pedido del padre. “Tienen una idea predeterminada y la sostienen incluso con argumentos contradictorios. Es una parcialidad notoria”, afirma Meconcellli.
En la denuncia contra Rocca, se resume: “La menor permanece hasta la fecha bajo la guarda exclusiva de su madre, una mujer procesada penalmente, diagnosticada con trastorno psicótico, y vinculada a una estructura sectaria que ha instrumentalizado a su propia hija como vocera simbólica de un proyecto ideológico basado en el odio. Este accionar, omisivo y sistemático, no es un error judicial. Es un fallo ético. Es un acto de traición a la función de protección que el Estado le confiere al fuero de familia.”“Así funcionan los juzgados de familia. Con esta liviandad tratan los casos causando un daño irreparable”, concluye Meconcelli.
Fuente: telam
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