29/05/2025
Un edificio de 22 pisos, 34 días sin ascensores y una resolución inédita de la Justicia: “Me sentía prisionera en mi casa”

Fuente: telam
En el sur de la Ciudad, un conflicto consorcial puso en jaque la convivencia de 136 familias. Con el edificio dividido y sin vías efectivas de llegar a un acuerdo, el Juzgado Nacional en lo Civil N° 1 de Capital Federal intervino de forma inusual: convocó una asamblea en el palier para que los vecinos votaran cómo seguir. La decisión, tomada a mano alzada, resolvió en minutos un desorden que llevaba años
>Dicen que un edificio es una pequeña comunidad. En la torre de 22 pisos —ubicada sobre la calle Cafayate al 5100, en el barrio porteño de Villa Lugano— esa comunidad estuvo al borde del colapso. Todo comenzó el 26 de marzo pasado con la clausura de los cuatro ascensores por falta de mantenimiento. Durante 34 días, las 136 familias que viven en el complejo tuvieron que usar la escalera. “Una vez tuve que llamar a los bomberos porque una vecina que estaba en silla de ruedas tenía turno con el médico y no podía salir de su casa. Había tenido un accidente y se rompió la cadera”, cuenta Natalia Navarro.
No fue la única. Las complicaciones eran tan variadas como las historias de quienes habitan la torre. Desde un hombre con EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica) que vomitaba en los descansos de la escalera; pasando por madres y padres que debían cargar a sus hijos o a sus mascotas por más de una decena de pisos; hasta adultos mayores que no podían asistir a su tratamiento de diálisis ni ir al supermercado. “Me sentía prisionera en mi propia casa y sin derecho a quejarme. La Administración se había adueñado del edificio. Si solicitaba un comprobante o pedía explicaciones, no me las daban. Todo era un problema”, resume Cynthia Roldán (41), copropietaria de uno de los departamentos, donde vive junto a su nene de tres años y medio y su madre de 65.
La disputa se inició a principios de este año, aunque los problemas de fondo se arrastraban desde 2023, cuando la administradora del consorcio —identificada por sus iniciales como P.P.— se negó a presentar la documentación respaldatoria de los gastos del edificio. Ante la falta de claridad y la ausencia de una rendición de cuentas, se generó una situación inusual: una doble administración de consorcio, que causaba desorden en la gestión y en el cobro de las expensas.
Para mediados de enero, la administradora convocó a una asamblea para discutir un conflicto judicial con una ex empleada del edificio. En esa reunión, los que estuvieron presentes le exigieron la renuncia. Ella, según los testimonios, aceptó hacerlo y prometió entregar la documentación en un plazo de quince días hábiles. Pero no cumplió.
El caos administrativo se trasladó a la convivencia. “El edificio era una olla a presión”, describe Natalia. Las asambleas autogestionadas —las últimas dos en presencia de una escribana— empezaban cerca de las 20 y terminaban pasada la medianoche, con discusiones acaloradas, amenazas y hasta presencia policial. “Mi lugar en el mundo, que es mi casa, se convirtió en un espacio triste, maltratado, con confrontaciones con algunos vecinos. Me sentí muy indefensa”, cuenta Silvia Ravines (65), copropietaria de uno de los departamentos, que vive en la torre desde hace más de tres décadas.El escrito fue ingresado el 2 de abril al Juzgado Nacional en lo Civil N.º 1. En menos de una semana, el juzgado resolvió dar lugar al pedido de los copropietarios de la calle Cafayate y convocar a una asamblea judicial en el propio edificio, para que los vecinos decidieran, por mayoría, si continuar con la administradora o elegir una nueva.
La asamblea judicial se realizó el martes 13 de mayo, a las 19, en el edificio. La decisión de hacerla allí y no en los tribunales de la calle Lavalle al 700 fue determinante: “Si la hubiéramos fijado en Retiro, iban a venir 20 o 30 personas; al hacerla en Lugano, vinieron más de 70”, explica Máximo Musich, secretario del Juzgado Nacional en lo Civil N.º 1. “Nuestro objetivo fue facilitar la participación del máximo número de consorcistas. Eso también es acceso a la justicia”, agrega.“Eso demoró un tiempo porque muchos no tenían sus escrituras, sino documentos emitidos por el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), partidas de defunción de sus padres y actas de nacimiento que demostraban la tenencia de la propiedad. Pero una vez que se chequeó todo, realizamos la asamblea con total fluidez y en perfecto orden”, señala el juez Gustavo Caramelo.
La votación fue doble: se eligió una nueva administración y también un nuevo Consejo de Administración compuesto por nueve copropietarios. “Nosotros no tomamos la decisión por ellos. Lo que garantizamos es que se respetaran las formas”, aclara Musich. “En una hora y media resolvimos muchos años de conflictiva que había ahí. La gente celebraba los votos como si fueran goles”.Para evitar confusiones, el juzgado entregó papeles amarillos al momento de la acreditación: solo quienes estaban habilitados podían usarlos para votar. “Lo hicimos de esa forma para garantizar transparencia. Porque ahí, el problema que suele haber, es que siempre va más gente de la que puede votar”, explica Caramelo.La asamblea judicial significó algo más que un cambio de Administración de Consorcio y nuevo Consejo: fue, para muchos vecinos, una forma de recuperar el control sobre sus propias vidas. “Sentí que por fin llegó la Justicia. Esa noche, después de mucho tiempo, pude dormir en paz”, dice Natalia. “Como abogada también me gratificó: todo lo que uno estudia, en algún momento, tiene sentido”, agrega.
Para el juez Gustavo Caramelo, experiencias como esta ayudan a reparar un vínculo deteriorado. “Lamentablemente, hay como un divorcio de la sociedad con la Justicia. Desconfían. La consideran una corporación oscura, ineficiente y sospechada de corrupción. Y no es porque sí: a todo la Justicia le dio motivo”, reconoce. “Por eso es tan importante que podamos dar una respuesta rápida, concreta, casi quirúrgica, como la que dimos. Con mi equipo volvimos de allí convencidos de haber contribuido, en algún grado, al restablecimiento de reglas básicas para el ejercicio de la vida democrática de esa comunidad, habiendo garantizado su acceso al sistema de justicia”.
Fuente: telam
Compartir
Comentarios
Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno!