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21/05/2025

Una diputada de Milei presentó un proyecto para que los cargos en los órganos de control no sean ocupados por afiliados a partidos

Fuente: telam

Con el objetivo de garantizar la autonomía institucional y evitar nombramientos con vínculos partidarios, Mercedes Llano impulsa un proyecto que impediría que personas con militancia reciente accedan a cargos clave del Estado

>Con el objetivo de evitar designaciones cuestionadas y reforzar la neutralidad en organismos clave del Estado, la diputada nacional La iniciativa busca impedir que quienes hayan tenido vínculos recientes con partidos políticos puedan acceder a funciones sensibles dentro del esquema institucional argentino. La propuesta se aplica a organismos como la Auditoría General de la Nación, el Consejo de la Magistratura, la Defensoría del Pueblo, la Oficina Anticorrupción, entre otros entes cuya independencia suele estar en debate cuando se trata de nombramientos.

En concreto, el proyecto presentado por Llano establece que las personas que sean propuestas para esos cargos deberán acreditar que, durante los diez años anteriores a la fecha de su postulación, no estuvieron afiliadas a ninguna fuerza política, no fueron precandidatos ni candidatos, ni ocuparon cargos electivos, de confianza política o de carrera dentro de cualquiera de los tres poderes del Estado nacional. Esta restricción no se aplicará a quienes hayan accedido a sus funciones mediante concurso público.

Llano sostuvo en los fundamentos del proyecto que la propuesta apunta a “despartidizar organismos e institutos públicos, garantizando su autonomía y jerarquizando su composición con funcionarios idóneos”. A su vez, explicó que la abstinencia política se plantea como un mecanismo de salvaguarda que pretende “preservar la neutralidad y la transparencia en la administración del Estado, asegurando que las decisiones se tomen en función del bien común y no de agendas personales o partidistas”.

Desde el entorno de Llano, remarcaron que el propósito no es restringir derechos políticos, sino establecer criterios para asegurar la independencia de quienes deben controlar, juzgar o fiscalizar al Estado. En esa línea, indicaron que el hecho de no haber ocupado cargos políticos ni haber estado afiliado a un partido durante la última década configura una garantía de imparcialidad que se considera imprescindible en la gestión pública, particularmente en funciones de contralor.

El proyecto aparece en un contexto donde las designaciones en organismos de control han sido objeto de críticas reiteradas por parte de distintos sectores, que señalan la falta de independencia de funcionarios con antecedentes políticos o partidarios. La propuesta impulsada por la diputada mendocina busca imponer un nuevo estándar que, de ser aprobado, modificaría las reglas de acceso a algunas de las posiciones más sensibles del entramado institucional.

Fuente: telam

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