>Roberto V. de Santos Lugares vivía su vida como cualquier otro hombre de su edad. Hoy de 78 años, jubilado, había integrado a comienzos de siglo los directorios de dos empresas, una de ellas dedicada supuestamente al rubro de la salud. La otra, al rubro de la comunicación, con el boom del negocio de los call centers en aquel entonces. Nunca había cometido un delito en su vida. O por lo menos, nunca tuvo una condena por ello.

A comienzos de 2020, conoció a Cristian Martín A., un empresario de Banfield 25 años más joven que él, que había integrado una firma de cobranzas, padre de una hija. Juntos, y con la ayuda de la hija, montaron una obra de teatro, por llamarla de alguna forma.

El empresario de Banfield era el cerebro. Roberto V., aseguró Marijuan, “era el encargado de efectuar las negociaciones y reuniones con las potenciales víctimas de sus engaños”. Para este espectáculo de los chantas, el hombre de Santos Lugares asumió un rol al menos pomposo. Decía ser “Apoderado General Nacional del PAMI” y “Apoderado Cultural del PAMI”. La hija del hombre de Banfield “se ocupaba de la confección de los documentos apócrifos, formularios y transferencias de dinero por canales virtuales”.

El mes pasado, el Tribunal Oral Federal N°2 condenó a Roberto V. y a Delfina, la hija del empresario, a tres años de cárcel en suspenso cada uno por integrar una asociación ilícita. Fueron también obligados a pagar una multa irrisoria, 90 mil pesos cada uno, la nada misma de cara al monto del daño que supuestamente causaron. La pena fue parte de un acuerdo: los acusados reconocieron su culpa y la fiscalía de juicio y las defensas optaron por un juicio abreviado.