>A pesar de que el Congreso brasileño interrumpe sus trabajos por el receso de Semana Santa, estos últimos días han sido cruciales para el proyecto de ley de amnistía. El lunes, el diputado Sóstenes Cavalcante, del Partido Liberal (PL) de Jair Bolsonaro, registró el pedido de urgencia para votar el proyecto de ley 2858/22, de 2022, del entonces diputado del PL Vitor Hugo de Araújo Almeida, más conocido como Mayor Vitor Hugo.

Bolsonaro también podría beneficiarse, ya que es acusado en el Supremo Tribunal Federal (STF) por el supuesto intento de golpe, pero además de mantener su inocencia, niega que quiera ser amnistiado. La urgencia permite ahora que el asunto sea tratado con mayor rapidez, pasando directamente a votación en el pleno, sin tener que pasar por las comisiones parlamentarias, donde podrían producirse retrasos.

La ministra de Relaciones Institucionales, Gleisi Hoffmann, del PT, negó cualquier intento de represalia por parte del Ejecutivo y dijo que están tratando de convencer a los parlamentarios de la “gravedad política, jurídica e institucional” que representa el proyecto de ley. De momento, solo una diputada ha retirado su firma en el último minuto. Se trata de Helena Lima, del Movimiento Democrático Brasileño. Según informa el sitio de noticias Metrópoles, la diputada posee el 10% de una empresa de taxis aéreos, la única del estado de Rondonia, propiedad de su marido, Renildo Evangelista Lima, que fue detenido por la policía federal el pasado mes de septiembre con 500.000 reales (85.231 dólares) en los pantalones, acusado de compra de votos. La empresa de la pareja tiene contratos multimillonarios con el gobierno federal brasileño.

Si Motta incluye el proyecto en el orden del día del pleno, tendrá que ser aprobado por la mayoría de los parlamentarios tanto de la Cámara como del Senado. Después, Lula dispondrá de 15 días para ratificar o vetar el proyecto. Si el presidente veta todo el texto o solo algunas partes, los vetos vuelven al Congreso para su análisis, que, en sesión conjunta, estudia si anula o mantiene la interpretación del presidente. La otra posibilidad que barajan la cúpula del Congreso y algunos magistrados del STF es mejorar jurídicamente la ley anti golpe vigente, que tiene la limitación de no distinguir a los financiadores, organizadores y cabecillas de los demás acusados menores. Si se pudiera enmendar, sería posible reducir el castigo para los acusados menores condenados por los sucesos del 8 de enero, como la peluquera Débora Rodrigues dos Santos, condenada a 14 años por manchar una estatua del STF en Brasilia con pintalabios con las palabras “perdiste, idiota”.