Desde octubre pasado se produjo una sucesión de hechos sorpresivos que estuvieron unidos por un hilo conductor: el retroceso del poder hegemónico de Moyano. Primero, el gobierno de Jorge Macri selló la paz con Camioneros en el fuerte conflicto que se perfilaba en la Ciudad de Buenos Aires por el reclamo del sindicato de indemnizaciones para los 6.000 trabajadores de recolección de residuos, que implicaban el pago de 200 millones de dólares. La moderada decisión del líder sindical tuvo secuelas inesperadas: hubo Luego, los contratiempos para Moyano incluyeron desde el armado de una federación paralela que impulsa el titular del Sindicato de Camioneros de Santa Fe, Sergio Aladio, con dirigentes de Córdoba, Jujuy, San Luis, Entre Ríos y Tucumán, para disputarle el poder en las elecciones gremiales de 2025, hasta la creación del primer sindicato de empleados jerárquicos de recolección de residuos (APJERR), que lidera Jorge Silva, ya instalado como un referente de la actividad. Y no se puede dejar de mencionar que Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, dos sindicalistas de la estructura moyanista, siguen presos por extorsionar y bloquear a una empresa en San Pedro.

En el moyanismo, por otra parte, creen que hay motivaciones políticas y personales en el conflicto que originó el Gobierno cuando se terminó la concesión de Caminos del Río Uruguay (Crusa), a cargo de las rutas nacionales 12 y 14, y quedaron en la calle unos 500 trabajadores. Cuando el Sindicato de Peajes, que encabeza Florencia Cañabate, secundada por Facundo Moyano, inició paros en solidaridad con los empleados de Crusa que afectaron la autopista Ricchieri, el Gobierno despidió a 117 trabajadores por considerar “ilegales e ilegítimas” las protestas y se profundizó el conflicto. “Pelearse con alguien que se llama Moyano les reditúa políticamente”, dicen cerca del líder de Camioneros.