07/04/2025
El comercio formal bajó presión por la expansión de la venta ilegal
Fuente: telam
Crecen las denuncias por competencia desleal, contrabando y evasión impositiva en ferias, redes sociales y calles del país. Los comerciantes piden cambios fiscales y laborales
>La informalidad está creciendo a pasos agigantados. Según datos de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (Fecoba), el comercio informal aumenta a un ritmo del 3% anual a nivel nacional. “El 60% de los comercios del país se encuentran en la informalidad”, dijo a Infobae Fabián Castillo, presidente de la entidad.
“Antes de la pandemia teníamos mucho fraude mercario que venía del exterior: contrabando de Perú, Bolivia, China. Pero cuando llegó la pandemia, la logística internacional se volvió costosa y difícil, y los talleres empezaron a instalarse dentro del país”, explicó Castillo.
La preocupación también se traslada al mundo digital. “En los marketplaces y redes sociales hay una presencia masiva de comercios clandestinos. Prácticamente se vende de todo por fuera del sistema. Incluso se han producido robos y asesinatos ligados a operaciones pactadas por estas plataformas”, remarcó el dirigente.
La informalidad no es sólo una consecuencia de decisiones individuales o de falta de fiscalización. Responde también a causas estructurales, entre las cuales la presión tributaria ocupa un lugar central.
Según Castillo, el sistema impositivo es heterogéneo y desincentiva la formalidad. “Hay que dividir los impuestos en tres niveles: municipal, provincial y nacional. Puede haber más presión en un departamento que en otro, dentro de la misma provincia. Por ejemplo, en Misiones, además de ingresos brutos del 10%, te cobran sólo por circular por la provincia. Eso es insostenible”, destacó.El economista Daniel Garro, director de Value International Group, coincide en este punto, pero va más allá. “No es sólo la presión tributaria general, sino la del Garro subraya que esa carga tributaria termina empujando a las pymes a contratar informales, y muchas veces es el propio empleado quien lo prefiere. “Te dicen: ‘no me metas en los libros, dame la plata’. Porque si no, entre aportes y descuentos, se quedan con mucho menos. Pero eso tiene consecuencias: no tienen aportes jubilatorios, ni cobertura, ni derechos laborales. Están completamente desprotegidos”, apuntó.Tomando como base la población de los 31 principales aglomerados urbanos del país, el Indec informa que hay 9,8 millones de asalariados en el país y entre ellos, 3,6 millones trabajan en la informalidad.Además, existe una diferencia sustancial entre lo que cobran los La situación es especialmente crítica en sectores de baja productividad, como talleres mecánicos, almacenes de barrio o pequeños comercios. “En una economía con poca inversión y baja tasa de capitalización, no se puede tener salarios altos. Si suben por decreto, genera desempleo. Y si se cumple a rajatabla con la ley laboral, la tasa de desempleo real superaría el 50%”, contó Garro.Según Fecoba, uno de los desafíos más urgentes es concientizar al consumidor sobre el impacto de la informalidad. “Los productos clandestinos no pagan impuestos. Y con los impuestos se financian la educación, la salud y la seguridad. Comprar productos de dudosa procedencia es, en muchos casos, comprar productos manchados de sangre”, sostuvo Castillo.La situación se vuelve aún más delicada cuando se trata de marcas falsificadas o productos que violan derechos de propiedad intelectual. “Trabajamos activamente con el gobierno de Estados Unidos sobre este tema, porque es uno de los países con mayor preponderancia en la protección de la propiedad intelectual”, indicó el presidente de Fecoba.“Necesitamos un mapa claro de la presión fiscal por provincia y municipio, y una política pública que premie a quien cumple, no que lo castigue”, reclamó Castillo.
A nivel macroeconómico, el avance de la informalidad representa un círculo vicioso: cuanto mayor es la evasión, menor es la recaudación del Estado. Y mientras el Estado intenta compensar subiendo impuestos, más empresas y trabajadores se ven empujados al circuito informal.“Hablar de cuánto deja de recaudar el Estado es, en parte, una ficción”, sostiene Garro. “Si el mercado evade es porque considera que esa plata no le corresponde al Estado. El verdadero problema es estructural: si no baja la presión impositiva y no se reforma el sistema laboral, el país se vuelve inviable para quien quiere trabajar dentro de la ley”, agregó.Para el economista, la clave está en una fuerte reforma laboral que reduzca costos para el empleador, brinde más libertad en las contrataciones y permita al sector privado absorber trabajadores que hoy dependen del empleo público. “Si hacés esa reforma, muchos van a entrar al sistema. Van a ganar sueldos bajos, sí, porque la productividad es baja. Pero al menos estarán dentro del sistema y con derechos. Luego, para mejorar los salarios reales, se necesita inversión. Y eso requiere confianza y reglas claras”, detalló.“El 90% de la mercadería ilegal que se vende en las calles entra de contrabando a la Argentina. Está en las saladitas, en las galerías que se transformaron en bolishoppings. Ahí no se va a encontrar marcas, sino imitaciones que entran por Salta y Jujuy y vienen de Chile. Todo viene de China, entra por Iquique”, explicó Horacio Battagliotto, presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Medias y Afines (Cafama).Según detalló, los productos más comunes son medias, ropa interior y anteojos, y su circulación perjudica directamente a la industria nacional. Battagliotto señaló que el precio al que se comercializan esos productos es imposible de igualar para los fabricantes formales: “Un soquete cortito lo venden por docena a $2.400. Hoy en Argentina no comprás nada a 200 pesos”.Mientras tanto, los comercios legales siguen sintiendo el impacto de la competencia desigual. “Cuando se vende con factura, se paga todo lo que hay que pagar: cumplir con AFIP, con los aportes, con los controles. Pero el vecino de enfrente vende lo mismo sin pagar nada. Eso nos destruye”, apuntó Castillo.
Los propios comerciantes dan cuenta de esta situación en todo el país. En Mendoza, por ejemplo, existe mucha competencia en la zona céntrica entre los negocios que se encuentran registrados y los “persas” de la calle General Paz, que venden imitaciones y no emiten factura.Marcela, que tiene una librería hace más de 15 años, coincide: “Antes competía con negocios similares al mío. Ahora, la competencia es la calle. Venden útiles escolares traídos de afuera, sin control, sin factura. Y los padres, que están igual de golpeados por la situación, eligen lo que les alcanza”. Según cuenta, durante la última temporada escolar sus ventas cayeron 30%. “Ya no sé si me conviene seguir. Lo que más duele es ver que se castiga al que quiere hacer las cosas bien”, resume.
Fuente: telam
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