08/04/2025
Se cumple un año del último desalojo en la Avenida 9 de Julio, que consolidó la política de tolerancia cero hacia los cortes y la derrota piquetera
Fuente: telam
En el primer trimestre del año, solo el 16% fueron cortes totales y el 7% fueron cortes parciales, que terminaron por ser desalojados. Hace más de un año y medio que no se registran acampes y ranchadas. La aplicación del protocolo para el mantenimiento del orden público y la decisión política del Gobierno nacional y el porteño en hacer cumplir la ley fueron las clave
>El jueves 10 de abril se cumple un año sin cortes permanentes ni acampes en la Avenida 9 de Julio, una de las principales arterias porteñas históricamente afectada por manifestaciones y piquetes sobre todo desde los últimos 12 años protagonizados por los gobiernos nacionales de Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández; y las Jefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a cargo de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta. La clave del cambio de paradigma parece estar dada en la decisión política de la gestión de Javier Milei, que implementó el Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público, a través del Ministerio de Seguridad, que encabeza Patricia Bullrich; y el compromiso de Jorge Macri que adhirió a la Resolución 943/2023, y le ordenó a su Policía hacer cumplir a rajatabla la ley, y coordinar con las fuerzas federales cuando sea necesario. Así ocurrió en varias oportunidades, por ejemplo, durante las grandes concentraciones frente al Congreso nacional.
Kicillof, solo por dar un ejemplo, cuestionó el protocolo antipiquetes y no impide los cortes totales de, por ejemplo la Ruta 3, a la altura de Isidro Casanova, cuando la Corriente Clasista y Combativa (CCC) —cuyo referente es el ex diputado Juan Carlos Alderete— realiza cortes totales en protesta por las políticas alimentarias que desde el Ministerio de Capital Humano implementa Sandra Pettovello.
Tampoco lo hace cuando organizaciones piqueteras y movimientos sociales marchan a la Quinta de Olivos para reclamar por alimentos para los comedores comunitarios. Uno de los hechos más destacados sucedió el 7 de mayo pasado cuando fueron las fuerzas federales las que impidieron el avance de las columnas hacia la residencia presidencial por tratarse de una propiedad de interés federal. Hasta dos cuadras antes del lugar, los patrulleros de la policía federal custodiaban a los manifestantes para no ser embestidos por los vehículos al interrumpir el tránsito. Esa también fue la última jornada impulsada por organizaciones como el Polo Obrero, Libres del Sur, y la UTEP. Las columnas, que iniciaron su marcha desde avenida Maipú y Zufriategui, partido de Vicente López, hacia la residencia presidencial no se volvió a registrar, al menos en esa magnitud.De acuerdo con datos oficiales suministrados a Infobae por el Ministerio de Seguridad del gobierno porteño, a cargo del ex comisario general Horacio Giménez, desde diciembre de 2023 en CABA se registraron 1.723 manifestaciones e intentos de corte en las calles porteñas. En el 75% de estas situaciones fueron controladas exclusivamente por la Policía de la Ciudad, mientras que las Fuerzas Federales intervinieron en 420 casos, principalmente para proteger intereses o edificios federales, como el Congreso o la Casa Rosada. Este trabajo conjunto entre las fuerzas locales y nacionales ha sido clave para mantener el orden en la vía pública, según destacaron desde ambas administraciones.El operativo del 10 de abril de 2024 es señalado como un momento decisivo en la estrategia antipiquetes. Ese día, organizaciones como el Polo Obrero y movimientos sociales vinculados a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular intentaron cortar la Avenida 9 de Julio para exigir alimentos destinados a comedores comunitarios, tal como lo venían haciendo desde la llegada al poder de La Libertad Avanza. (Nota al margen: en el gobierno kirchnerista de Alberto Fernández los piqueteros de izquierda cortaron esa arteria por reclamos similares. La UTEP, de mayoría peronista, no lo hizo).Aunque los manifestantes lograron ocupar toda la traza de la Avenida 9 de Julio por menos de 30 minutos, la Policía de la Ciudad desalojó rápidamente la zona. La fuerza de seguridad federal también estaba en la zona, ya que las pobladas columnas comenzaron su protesta frente al ex Ministerio de Desarrollo Social (actual Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia) para evitar que la marcha llegue a su destino final: el Ministerio de Capital Humano, ubicado a unas cuadras de Moreno y 9 de Julio. Este operativo, que incluyó incidentes, corridas y detenciones, marcó un precedente en la política de tolerancia cero hacia los cortes de calles.En diálogo con Infobae, el alcalde porteño enfatizó: “Con firmeza y decisión política, demostramos que el orden y el cumplimiento de la ley no se negocian. En la Ciudad, los cortes y piquetes dejaron de ser un problema de todos los días”. En otras palabras, Buenos Aires dejó de ser “la ciudad de la furia”, como venía ocurriendo hasta el 10 de diciembre de 2023.
Al respecto, la vocera del gobierno porteño Laura Alonso recalcó: “El protocolo antipiquete nacional fue fundamental para que la Policía de la Ciudad pudiera articular en conjunto la liberación de las calles pero la mayoría de estas intervenciones estuvieron a cargo de nuestra policía, la Ciudad fue la responsable. Para que quede claro: la Policía Federal interviene cuando hay objetivos federales en juego. El resto de la prevención en la mayoría de los más de 250 intentos de cortes que hubo en el año la realizó la Policía de la Ciudad”.El impacto del protocolo antipiquetes también se refleja en las estadísticas del primer trimestre de 2025. Según datos proporcionados por el Gobierno de la Ciudad , entre el 1 de enero y el 31 de marzo se realizaron 256 manifestaciones en territorio porteño. De estos, sólo el 16% (40) resultaron en cierres totales de calles, mientras que el 7% (17) generaron interrupciones parciales. En total, el 23% de las concentraciones afectaron al tráfico, aunque en muchos casos la circulación estaba previamente ordenada por las autoridades.
La mayoría de las manifestaciones (47%) se concentraron en la Comuna 1, conformada por los barrios de Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Montserrat y Constitución. En esta área, el 72% de las protestas no generaron ningún tipo de afectación en la vía pública. Además, todas las grandes movilizaciones realizadas en este período contaron con autorización previa del Ministerio de Seguridad de la Ciudad, lo que permitió una mejor planificación y control de las mismas.-Desde el 10 de diciembre de 2023, hubo 1.723 manifestaciones e intentos de corte en las calles porteñas. En 420 casos intervinieron las fuerzas federales. La Policía de la Ciudad lo hizo en 3 de cada 4 manifestaciones.
Para los funcionarios de Macri esto se logró por la firmeza en las actuaciones que tuvieron el ex ministro de Seguridad Waldo Wolff y el actual jefe de la cartera Horacio Giménez.
Para las autoridades porteñas “la política de piquetes cero en la Ciudad no es un hecho aislado, es parte de una política general”. En los últimos 18 meses, según datos del Ministerio de Seguridad de CABA “se levantaron más de 18 mil ranchadas y acampes. Algunas de ellas en Plaza de Mayo, Plaza del Congreso, Plaza Lavalle y Aeroparque”. Otro de los logros que destacan es haber desalojado “a los manteros de Once, Constitución, Retiro, Flores, Parque Centenario y Parque Patricios, luego de investigaciones, allanamientos en depósitos clandestinos y operativos policiales”.El éxito del protocolo antipiquetes y las políticas de ordenamiento implementadas en la Ciudad de Buenos Aires han generado un contraste notable con otras jurisdicciones del país, donde el desorden en el espacio público sigue siendo un desafío. Según las autoridades porteñas, este modelo podría servir de referencia para otras regiones que buscan equilibrar el derecho a la protesta con la necesidad de garantizar la circulación y la seguridad de los ciudadanos.
Fuente: telam
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