06/04/2025
Jueces versus políticos: ¿alguien gana?
Fuente: telam
En la época actual, esa relación se ha complicado de sobremanera por el uso cada vez más masificado de una grave deformación de la justicia y la ley que es el lawfare, es decir, la guerra o guerrilla legal
>El enfrentamiento entre autoridades judiciales y políticas se vive hoy en países tan diversos como EEUU, Francia, Israel, Brasil, Guatemala, Rumania, Georgia, y varios otros. Al respecto, la respuesta a la pregunta es que nadie gana, ninguno de los dos, ni las autoridades judiciales ni las políticas.
El tema de fondo es que en sociedades complejas como lo son las democracias del siglo XXI, el poder no solo se encuentra en el Estado, sino que repartido en toda la sociedad, por lo que el poder no solo debe ser concebido como la capacidad de obligar a otra persona a obedecer, sino también pasa a ser relacional y no siempre vertical, por lo que en las sociedades modernas, en una vida podemos tener tanto poder sobre otros como otros sobre uno, a la vez, dominantes y dominados, aunque por cierto, algunos más que otros.
En efecto, las autoridades políticas pueden opinar, amenazar o gritar, pero es un juez el que dentro de su jornada laboral y como parte de esta, si la ley lo faculta, puede enviar gente a la cárcel u obligar a pagar multas o deudas. Cuesta encontrar jueces que no tengan ideas favoritas sobre cómo organizar la sociedad como tampoco que no posean como cualquier persona sus propias creencias, sean religiosas o laicas. Es hasta sano que así sea, ya que peor nos iría con magistrados que no creen en nada.
En general, la primera visión se vincula al pensamiento conservador, y la segunda, al pensamiento progresista, y en diversos estudios se concluye que los conservadores serían más renuentes a incorporar novedades a su interpretación o a la fundamentación de sus sentencias, a diferencia de los progresistas que lo ven como un mandato, en cuya concepción del derecho, la tradición no los obliga a seguir caminos previamente transitados.
Ambas visiones son legítimas, por lo que el daño mayor a la función de juzgar se lo hace el llamado activismo judicial, es decir, jueces que sienten tal superioridad moral que creen que pueden suplantar la voluntad popular de los votantes como también despreciar, saltándose al Congreso y al ejecutivo, es decir, pasar por encima de una de las bases más importantes de la institucionalidad republicana y de la democracia, como lo es la separación de poderes.Uno de mis ejemplos favoritos tuvo lugar en EEUU, donde la Corte Suprema se adelantó años a los otros poderes en el tema de la igualdad racial y social en la década del 50, ordenando la integración racial en el transporte y en escuelas públicas ya que reinaba la discriminación, lo que solo sería recogida en la década siguiente por la Ley de Derechos Civiles y la legislación antidiscriminación.
Aunque mi vida profesional se vinculó preferentemente a la investigación y la docencia universitaria, me siento afortunado de poder opinar en este tema de jueces y políticos, ya que tuve la oportunidad de ser por tiempos acotados, tanto judicial como político en Chile, tanto juez como candidato a cargos de elección popular, oportunidades que me enseñaron aquello que no se aprende en los libros.Si esa fue mi faceta de abogado, como politólogo por muchos años me correspondió enseñar en universidades de varios países que la llamada República de los Jueces era una de las (peores) desviaciones de la democracia, sobre todo, cuando existían magistrados que en vez de aplicar la ley existente, creaban en la práctica una nueva para resolver una disputa con ideas propias, afectando así el carácter democrático de un país, ya que en los hechos suplantaban al legislador y al electorado, y sin que este segundo pudiera hacer nada al respecto. En una veta distinta, no solo el nombre figura en el Derecho y la Ciencia Política, ya que también existe una versión religiosa del tema en el Antiguo Testamento (el Tanaj hebreo), donde uno de los libros históricos se llama así: “El Libro de los Jueces”.
Sin embargo, en los casos de los países mencionados al inicio de esta columna, lo que estamos presenciando hoy no es blanco o negro, sino una variante del gris, ya que lo que está teniendo lugar, en caso alguno parecen ser situaciones de buenos contra malos. Mi duda es qué camino evita mejor otras desviaciones de la democracia tan negativas como la llamada Republica o Gobierno de los Ineptos conocida como la Cacocracia, si educando mejor a los votantes, teniendo mejores instituciones que protejan la democracia, o aceptando a jueces que tengan atribuciones para proteger las libertades, impidiendo exceso de malas decisiones de aquellos electos para cargos de representación popular.Estamos hablando de democracias, no de autoritarismos, resaltando en América Latina el caso de las dictaduras castrochavistas, convertidas en autocracias tiránicas, tomándose los gobiernos desde adentro para instalar dictaduras vía una nueva constitución. Y ojalá en casos como el de Venezuela existiera a nivel internacional el castigo de lo que se conoce como delitos contra la democracia, cuando simplemente se roban las elecciones tal como lo hizo Maduro el año pasado. Por lo tanto, hablamos de democracias, buenas o insuficientes, pero democracias, al fin y al cabo.
Es en democracias donde tiene sentido hablar de estas confrontaciones, ya que en dictadura existe monopolio sobre el poder. Es en la democracia donde se puede hacer la distinción entre esta y la república, ya que no son lo mismo, pudiendo existir países que como EEUU fueron una república antes de ser una democracia, tanto que siempre se han autodefinido como una república democrática, siendo la república la que equivale a las instituciones y su funcionamiento. Por cierto, que existen casos de jueces que adquieren tal notoriedad que parecieran sentirse no solo más importantes que la institución judicial misma, sino también superiores a sus colegas de la judicatura. Fue el caso de Baltasar Garzón en España, quien después de coquetear con la política, adquirió un gran nombre internacional cuando solicitó la detención del General Pinochet en Londres. Sin embargo, después ingresó en un frenesí que condujo a que el Tribunal Supremo lo condenara como autor del delito de prevaricación a la pena de once años de inhabilitación como juez o magistrado, toda vez que se atribuyó causas que estaban siendo tramitadas por otros colegas jueces, intervino ilegalmente a abogados defensores, utilizó para beneficio personal dineros solicitados a una fundación bancaria para fines docentes.La función judicial es de tal modo relevante, que debe ser protegida a toda costa, en primer lugar, por el propio poder judicial, para evitar la permanente tentación del mundo político de usurpar atribuciones y conseguir sentencias favorables. El mejor camino es que los jueces siempre hablen por sus fallos y no por la prensa o redes sociales como tampoco a través de polémicas inútiles. La razón es una sola, los jueces son siempre la última muralla contra las tentaciones autoritarias.
La doctrina de separación de poderes ha sufrido su propia evolución, y hoy, en muchas democracias, se complementa con una realidad donde abundan elementos de interdependencia, de un camino donde también existen confluencias en pasos sobre y bajo nivel. Ello se ve habitualmente en colaboraciones diversas, como, por ejemplo, nombramientos para Cortes Supremas y/ Tribunales Constitucionales, donde usualmente además de la propia institución, participan los poderes legislativos y ejecutivos.
De hecho, no hay evidencia suficiente para concluir si es beneficioso para una democracia que se elijan los jueces o fiscales, dada la naturaleza tan delicada de sus funciones. En lo personal a mí no me gusta, aunque es diferente el grado de politización si se trata de jueces que ven temas menores o muy locales, a si se trata de los máximos exponentes de la función judicial. Es lo que está presente en la decisión de México de imitar a Bolivia, eligiendo niveles distintos de jueces.
En EEUU hay algún tipo de elección por voto popular en 43 de los 50 estados. Hay 4 métodos distintos, aunque nunca ha alcanzado a la Corte Suprema federal, que mantiene la participación del presidente y del Senado, en nombramiento y confirmación, respectivamente, aunque si se eligen integrantes de las Cortes Supremas de algunos de los Estados, siendo varios aquellos donde se permite.No fue muy distinto a alguna elección presidencial o del Congreso, ya que los candidatos fueron definidos en términos de derecha e izquierda, como también se autoproclamaron como conservador versus liberal, y fue ganado por Susan Crowford, exponente de esta segunda corriente. Durante la campaña ambos anticiparon como irían a votar en temas y casos muy públicos, desde el sistema electoral al aborto.
En la época actual, la relación entre jueces y políticos se ha complicado de sobremanera por el uso cada vez más masificado de una grave deformación de la justicia y la ley que es el lawfare, es decir, la guerra o guerrilla legal, donde la administración de justicia es manipulada para perseguir a rivales políticos. Ejemplos al respecto abundan. Por ejemplo, Evo Morales con la presidente Jeanine Añez en Bolivia y podría estar ocurriendo con Lula en Brasil a través de la utilización de aliados nombrados por su persona en la Corte Suprema.
En la era que vivimos, tampoco está del todo claro a quién corresponde juzgar los delitos políticos que son diferentes a los delitos comunes cometidos por políticos, si lo debiera hacer la Corte Suprema o al Tribunal Constitucional o ambos, problema que no existe en EEUU ya que las dos funciones están radicadas en la Corte Suprema, la única institución judicial que es nombrada en la Constitución.
En todo caso, si algo perjudica a la democracia es la simple sospecha de intenciones, por lo que, en la situación de los países mencionados, al parecer ni siquiera estaría bastando que los políticos sean tratados como cualquier otro ciudadano, ya que en Francia el origen de esta ley del 2016 fue la impunidad de casos como el del expresidente Chirac. Al parecer, se está elevando el nivel de exigencias para los sentenciadores, ya que todo indica que también deberán sopesar en el futuro si hay penas complementarias que afecten la gobernanza y la democracia, como también la relación entre política y poder judicial que seguramente figurará en la apelación a un tribunal superior.
Por lo demás, la judicialización promovida por los demócratas, en el caso de Trump terminó siendo una ayuda para su regreso a la Casa Blanca.
Máster y PhD. en Ciencia Política (U. de Essex) Licenciado en Derecho (U de Barcelona), Abogado (U. de Chile), excandidato presidencial (Chile, 2013)Fuente: telam
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