>El kirchnerismo y la Unión Cívica Radical (UCR) blindaron en las últimas semanas un pacto en la bicameral que controla la Defensoría del Niño y que tiene a su titular, Marisa Graham, con mandato autoprorrogado por ella misma desde enero pasado. La irregular situación, que ya casi nadie disimula en el Congreso, pasó de un enérgico apuro para activar a la comisión y llamar a un concurso para renovar autoridades que, ahora, desapareció por arte de magia.

¿Qué hizo Graham? Como la Defensoría tenía centenares de casos delicados -al menos, 400, según fuentes de la entidad- y la representación de los mismos no podía quedar en un limbo, consultó a su equipo de asesores legales y el 7 de enero pasado no dudó en firmar una resolución. Allí, impuso: “En caso de no encontrarse dispuesta la reelección, o designación del sucesor del/la Defensora/or de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes al vencimiento de su mandato, así como la del/la Defensora/or Adjunta/o, en su caso, estos continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta tanto se efectúe la renovación de los mismos, de corresponder, o se designe sus sucesores”.

El 6 de marzo pasado, una errática estrategia, impulsada -entre otros- por el jefe libertario en Diputados, Gabriel Bornoroni (Córdoba), y la senadora oficialista y pastora Vilma Bedia (Jujuy), derivó en una poco novedosa unión entre radicales y kirchneristas para que la diputada del centenario partido Natalia Sarapura (Jujuy) quedara a cargo de la bicameral. Graham está apuntada por su cercanía con el cristinismo; los radicales, por “contar” como propio al defensor adjunto, quien permanece abrazado a la resolución de enero último.

Con el movimiento que ya preveían y tenían en conocimiento todos los legisladores, se pasó a la votación de Márquez. Allí, los dos oficialistas y los dos macristas avalaron, mientras que el kirchnerismo rechazó. La sorpresa llegó con las radicales Sarapura y la senadora Mercedes Valenzuela, que se abstuvieron. De esa manera, todo quedó trunco.