>Mientras todas las cámaras empresarias del sector textil, indumentaria y calzado terminan de consensuar, conjuntamente con los respectivos sindicatos, un contundente comunicado de prensa, que saldría en los próximos días, la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA) se sumó a las voces críticas de otras entidades no sólo para expresar su preocupación ante el reciente anuncio del Gobierno respecto de la reducción de aranceles para la importación de ropa, calzado y telas, sino también para advertir que la medida “podría tener un impacto devastador en el empleo, la producción y la sostenibilidad de la cadena de valor textil en el país, especialmente en un contexto donde la industria ya enfrenta serias dificultades económicas y estructurales”.

El comunicado general también hará hincapié, según dijeron a Infobae fuentes del sector, en el impacto que tendrá en el empleo y las economías regionales, pero también apuntará a remarcar que la medida que está por concretar el Gobierno tendrá muy poco impacto en los precios al consumidor.

El anuncio del Gobierno, según consignó FITA, se produce sin que se hayan implementado reformas estructurales necesarias para mejorar la competitividad de la industria local. Entre los principales desafíos que enfrenta el sector se encuentran una presión fiscal cercana al 50%, dificultades para acceder al financiamiento y problemas relacionados con la infraestructura logística. Estas condiciones, combinadas con la rebaja arancelaria, generan un escenario de competencia desigual frente a productos importados que provienen de países con menores costos laborales e impositivos.

La medida también generó la inmediata reacción de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) y la Federación Argentina de la Industria de la Indumentaria y Afines (FAIIA). Ambas entidades advirtieron que esta decisión podría provocar la destrucción de miles de empleos formales y el cierre de cientos de empresas en la cadena de valor textil e indumentaria. Según estas organizaciones, el empleo formal será el más afectado, lo que también implicará una caída en la recaudación fiscal por cargas sociales.