>Para las elecciones presidenciales de 2025 en Ecuador, el movimiento indígena ha tomado una decisión que sorprende a algunos: apoyar a la candidata correísta Luisa González en el balotaje. Este anuncio ha generado debate, pues el correísmo fue responsable de una de las etapas represivas contra los pueblos indígenas, utilizando el aparato estatal para judicializar sus protestas y reprimir sus demandas históricas.

Ecuador, un país con una fuerte presencia de pueblos indígenas, ha vivido en las últimas décadas una constante disputa entre el Estado y las nacionalidades indígenas por la defensa del territorio y los recursos naturales.

Uno de los casos más emblemáticos fue el de los 29 de Saraguro, una comunidad indígena en la provincia de Loja. El 17 de agosto de 2015, la policía reprimió con violencia una protesta en la que los saraguros se manifestaban contra las políticas gubernamentales de Correa.

Casos similares se vivieron en la Amazonía, donde el líder shuar Pepe Acacho fue procesado y condenado por “terrorismo” tras una protesta contra la Ley de Aguas en 2009. La Fiscalía argumentó que Acacho incitó a la violencia, pero nunca presentó grabaciones ni pruebas concretas que justificaran la sentencia. El informe de Human Rights Watch Amazónicos ante la Injusticia concluyó que el juicio estuvo lleno de irregularidades y que los testigos de la Fiscalía tenían vínculos con el gobierno y empresas mineras, lo que ponía en duda la imparcialidad del proceso. En 2018, la Corte Nacional de Justicia anuló su condena por terrorismo, pero en lugar de absolverlo, lo declaró culpable de un delito menor y lo sentenció a ocho meses de cárcel, una decisión que organizaciones internacionales calificaron de arbitraria.