>La resolución que Victoria Villarruel firmó en enero pasado para frenar la actualización automática de las dietas de los legisladores, en relación con el valor del módulo de referencia que utiliza el Congreso, se vencerá el 31 de marzo próximo y la vicepresidenta, según pudo saber Infobae, dejará en mano de los bloques la definición del tema, con bancadas que ya dieron a entender que tampoco se moverán. De ser así, desde mayo próximo, cada integrante del pleno de la Cámara alta pasaría a cobrar, como mínimo, una base de $9 millones en bruto.

Sobre este último punto, sólo cuatro no lo reciben. Además, los legisladores se agregaron una dieta más a las 12 actuales para compensar el aguinaldo. Esto representó, desde mayo pasado, más de $7 millones en bruto que cobran en la actualidad. La única senadora que no entra en esta lógica es Alicia Kirchner: cuando ingresó en la Cámara alta prefirió mantener su jubilación, como informó meses atrás este medio.

En noviembre pasado, en un movimiento que ayudó a descomprimir la presión y bajar las fuertes críticas de empleados cumplidores -suelen ser los más perjudicados- contra los gremios legislativos -APL, de Norberto Di Próspero, el sindicato más importante-, el Congreso cerró una paritaria casi idéntica a la del Ejecutivo con estatales: una suba de 6,13% -acumulado-, de septiembre a diciembre. No corrió para los senadores, que tenían vigente el congelamiento hasta fin de año.

En realidad, son muy pocos quienes se animan a decir en público no sólo eso -y que están mal pagos; mucho más el Presidente y sus ministros, agregan-, sino también el lastre principal que tiene la política desde hace décadas: su financiamiento. Hasta que eso no se discuta de verdad y sin barbijos, estos inconvenientes se convertirán en moneda corriente. En el Caso de la Cámara alta, el momento es más que complejo. El Gobierno lo sabe y buscará aprovecharlo.