14/03/2025
El Gobierno denunció por sedición a los detenidos por la protesta de los barras de fútbol y exigió el apartamiento de la jueza Andrade
Fuente: telam
Presentó un escrito ante la Justicia Federal. Acusó a los violentos de asociación ilícita agravada y atentado al orden democrático. Cuestionó a la magistrada porque ordenó liberar a todos por WhatsApp
>El Ministerio de Seguridad Nacional, encabezado por Patricia Bullrich, presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal por la presunta comisión de los delitos de “sedición, asociación ilícita agravada, atentado contra el orden constitucional y la vida democrática” contra los detenidos por la protesta de los barrabravas del miércoles. Además, exigió el apartamiento de la jueza porteña que ordenó la liberación inmediata de todos los arrestados.
El detonante de esta denuncia fue una movilización organizada a través de redes sociales por diferentes agrupaciones el pasado miércoles, que derivó en diversos incidentes violentos en las inmediaciones del Congreso Nacional.
Las acusaciones involucran a clubes de fútbol como Chacarita, River Plate, Boca Juniors e Independiente, entre otros. Además, también se vincula al exjefe de Montoneros, Mario Firmenich, quien habría apoyado la manifestación desde España mediante un video viralizado en redes sociales.
El Ministerio asegura que las movilizaciones derivaron en agresiones con armas blancas, incendios y ataques a las fuerzas de seguridad, lo que dejó múltiples bienes públicos dañados y, al menos, catorce policías lesionados. Entre los bienes afectados se incluye la quema de un patrullero y motocicletas oficiales, además de ataques físicos contra miembros de la Policía Federal Argentina. Los heridos, entre ellos un subcomisario, presentan diagnósticos que van desde traumatismos hasta heridas de arma blanca y lesiones por armas de fuego.El incidente también alcanzó a civiles y periodistas. Entre ellos, el fotógrafo Pablo Grillo resultó herido en la cabeza, presuntamente por el impacto de un proyectil de gas lacrimógeno, mientras documentaba los hechos. En tanto, una mujer mayor también quedó lesionada tras un forcejeo con las fuerzas de seguridad.En el desarrollo de la denuncia, se realiza una crítica directa contra la jueza Karina Andrade, que dispuso la inmediata libertad de todos los detenidos.
Según el Ministerio de Seguridad, Andrade habría incumplido normas del procedimiento penal al disponer, a través de un mensaje de WhatsApp, la liberación de más de cien detenidos sin haber revisado las pruebas ni verificar los antecedentes penales de los involucrados, quienes habrían tenido registros previos de delitos graves como lesiones, tenencia de armas y tráfico de estupefacientes.La denuncia subraya que la organización de estos actos de violencia tendría como principal responsable a Leandro Capriotti, supuesto cercano al dirigente sindical Luis Barrionuevo. Según las acusaciones, parte de los manifestantes se habrían movilizado desde los municipios bonaerenses de La Matanza y Lomas de Zamora, bajo una presunta financiación por parte de actores políticos vinculados a estas jurisdicciones, como las Municipalidades de La Matanza y Lomas de Zamora.
La denuncia subraya la vinculación de estas organizaciones con grupos delictivos asociados a las barras bravas del fútbol argentino, que, según el Ministerio, actúan como “mano de obra” de ciertos sectores políticos. Estas agrupaciones, sostiene el texto, constituyen asociaciones ilícitas profesionales destinadas a ejercer violencia para apoyar intereses económicos y políticos.El Ministerio ampara su denuncia bajo los artículos mencionados del Código Penal, incluidos los recientemente modificados por la Ley Antimafias (Ley 27.786), que incorpora el delito de asociación ilícita agravada, penalizando la violencia premeditada por estas agrupaciones organizadas.
Además, se invoca el artículo 213 bis, que sanciona a quienes participen en agrupaciones cuyo propósito sea imponer ideas o combatir adversarios mediante la fuerza o el temor.La denuncia solicita formalmente que se inicie un sumario penal en el ámbito federal para investigar la supuesta comisión de sedición, atentado contra el orden constitucional, asociación ilícita agravada y otros delitos. Además, requiere la inhibición de la jueza Andrade respecto al caso que ya instruyó en el fuero local.
Las miradas ahora se centran en las medidas que pueda tomar el Juzgado Federal, mientras se espera que el Ministerio de Seguridad active nuevas pruebas, entre las cuales destacaron grabaciones, testimonios y documentos relacionados con la presunta financiación de estos grupos.Fuente: telam
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