07/02/2025
Revelan que los gobiernos kirchneristas entregaron subsidios a comunidades mapuches por $1.200 millones
Fuente: telam
Fue a través del Programa Fortalecimiento para las Comunidades. Con parte de ese dinero contrataban a letrados para litigar contra el propio Estado y privados en reclamo de tierras que usurparon
>A través del ahora ex Programa de Fortalecimiento Comunitario, que dependía del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner y Alberto Fernández le giraron subsidios a comunidades mapuches por unos 1.200 millones de pesos (cifra actualizada). De ese total la agrupación Malaweche de Mendoza -que nuclea a más de 20 comunidades de esa provincia- recibió $380.000.000. Gabriel Jofré es werkén y vocero de esa agrupación.
Las millonarias cifras giradas a través del programa creado por la ex ministra de Desarrollo Social de la Nación. Alicia Kirchner en 2004 -cuando el INAI estaba bajo la órbita de esa cartera- figuran en la documentación a la que accedió Infobae y que es prolijamente analizada por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas bajo la supervisión de su titular, Claudio Avruj, ex Secretario de Derechos Humanos del Gobierno de Mauricio Macri.
El funcionario nacional también recordó que el gobierno de La Libertad Avanza denunció a Alejandro Marmoni titular del INAI en la gestión de Alberto Fernández por diversas irregularidades detectadas. Al ser consultado sobre el cuestionado Programa de Fortalecimiento Comunitario precisó: “Fue un programa que fue creado 20 años atrás cuando el INAI estaba en Desarrollo Social de Alicia Kirchner. Se dieron subsidios a muchísimas organizaciones: la cultura del subsidio. Tenía por finalidad que reciban dinero para poder contratar abogados para poder defenderse ante distintas situaciones. Ese programa nunca cumplió su objetivo y se lo convirtió fue en una sesión de dinero del Estado Nacional para que las comunidades contrataran abogados que terminan litigando contra el Estado”.
Avruj también denunció que: “Se gastaron unos 1.200 millones y esto fue a lo largo de todos los gobiernos kirchneristas. También hemos denunciado penalmente al ex vicepresidente del INAI durante el gobierno de Alberto Fernández -Luis Pilquimán- porque se auto adjudicó un subsidio de seis millones de pesos para fortalecimiento de su comunidad la lof Wefu Wecu, del paraje Cerro Alto, en el departamento de Pilcaniyeu. El dinero ingresó en su cuenta personal. Él lo firmó y que nunca se rindió, ni hay obras que demuestren en que se utilizaron esos fondos”.Según pudo establecer este medio, en una resolución que lleva la firma Avruj, se declaró la caducidad del subsidio “no reintegrable” que tenía fecha del 29 de diciembre de 2022, y se intimó a que en 10 días Luis Pilquimán a reintegrarle al Estado Nacional el subsidio que él mismo se otorgó por $5.955.000. En caso de incumplimiento, destaca la resolución se le iniciarán “las acciones civiles y penales que correspondan”.Ya en el año 2020, y cuando la titular del INAI era la ex senadora rionegrina Magdalena Odarda, Pilquimán fue sorprendido cuando trasladaba a una familia a la usurpación que mantenía una comunidad mapuche en Villa Mascardi y ofreció abonar $100.000 al Hospital Zonal Ramón Carrillo de Bariloche y realizar tareas comunitarias para evitar una condena por el delito de malversación de fondos públicos.El martes pasado, desde la Casa Rosada, Manuel Adorni realizó varios anuncios de trascendencia, entre ellos la eliminación del Programa de Fortalecimiento Comunitario, que otorgaba subsidios a comunidades indígenas para asesoramiento legal en conflictos territoriales. La medida fue dispuesta a través de la Resolución 8/2025, publicada en el Boletín Oficial.Según el Gobierno de Javier Milei, la decisión responde a la necesidad de optimizar los recursos del Estado y al hallazgo de deficiencias en la ejecución del programa, señaladas en auditorías de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).También anunció que “el Gobierno nacional dio de baja 3 resoluciones, que contemplaban la sesión de tierras - en Mendoza - a los grupos pseudomapuches Lof El Sosneado; Lof Limay Kurref y Lof Suyai Levfv” a los que el funcionario calificó de “terroristas”. Las dos medidas tuvieron amplia repercusión pública. Sin embargo, Adorni vinculó a la eliminación del programa del INADI un hecho que pasó casi inadvertido: a través de él “(se) permitía que quienes se disfrazaban de indígenas, contactaran abogados para que los representen en conflictos, principalmente en temas que tienen que ver con reclamos por tierras. Así estos tres grupos contaban con representación jurídica, financiada a través del gasto público, es decir el Estado financiaba abogados, que actuaban en contra de su propia soberanía.“El dinero de los subsidios iban a las comunidades, no a las asociaciones de abogados que contrataban los pseudomapuches para que litiguen contra el Estado. Eran ellos los que pagaban, por ejemplo, a la Asociación de Abogados y Abogadas Indígenas. Esa plata debía ser rendida, como cualquier subsidio, pero no lo hacía y así lo determinó la SIGEN”, explicaron a Infobae desde Casa de Gobierno.
El funcionario hacía referencia a al Informe de Auditoria N° 11/2023 UAI-INAI “DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS – ASESORÍA JURÍDICA” SISAC N° 14 de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) el cua destaca:-Efecto: Ausencia de registros que permitan cuantificar el cumplimiento de los objetivos del organismo. Falta de documentación respaldatoria de las acciones llevadas a cabo por al área de Gestión Territorial.
-Hallazgos: En relación con el Programa de Fortalecimiento Comunitario, continúa presentando debilidades en el seguimiento de los convenios de servicios jurídicos. Respecto de los conflictos de las comunidades indígenas, los registros utilizados para su seguimiento no resultan suficientes.La Asociación Gremial de Abogados de la República Argentina fundada entre otros por el ex líder Montonero -ya fallecido- Roberto “Pelado” Perdía y que en la actualidad preside otro ex líder de esa organización guerrillera Eduardo “El Negro” Soares son defensores de líderes referentes mapuches, como Jones Huala o a la tía de este María Isabel Nahuel entre otros como los familiares de Rafael Nahuel asesinado en noviembre del 2017, en el marco de un desalojo de la comunidad originaria de Villa Mascardi que estuvo a cargo de una patrulla del Grupo Albatros de Prefectura Naval Argentina.“En su conferencia del 4 de febrero el vocero presidencial Manuel Adorni se refirió a la quita de beneficios y subsidios a Comunidades de Pueblos originarios. Expresamente mencionó tres Comunidades Mapuche y “terroristas” (textual) de Mendoza, indicando que el Estado Nacional ha subsidiado y pagado a los abogados de esas Comunidades. La Gremial no ha tenido participación en la defensa de los integrantes de esas comunidades. Adorni, igual que muchos funcionarios de éste Gobierno habla y demoniza a ‘los abogados de los terroristas Mapuche’. Y esto es justamente la cuestión principal”, expreso.
En paralelo a la eliminación del Programa de Fortalecimiento Comunitario Manuel Adorni adelantó que el Gobierno declarará como organización terrorista a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). “Estas medidas son en defensa de todos los argentinos y en contra de aquellos que no respetan la bandera argentina y quieren apropiarse de nuestro territorio. Hace unos días, el terrorista Jones Huala dijo, y lo voy a citar textual: ‘reivindico los sabotajes y los atentados incendiarios a la infraestructura del sistema capitalista, de las transnacionales de los terratenientes’. Una muestra que - claramente - pinta de cuerpo entero al enemigo, que tenemos frente nuestro”, relató Adorni.
Fuente: telam
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