Una ola de violencia sacudió el Tribunal Oral en lo Criminal N�2 de Florencio Varela durante este jueves, luego de que un jurado popular decidiera absolver a un joven acusado de provocar la muerte de una adolescente en un accidente de tránsito.

Al conocerse el veredicto, un grupo de personas arrojó piedras contra el edificio, rompió ventanas, dañó vehículos y llegó a intentar prender fuego papeles y cortinas en el interior del tribunal, mientras funcionarios, empleados y jurados permanecían adentro.

El caso que derivó en estos incidentes se originó en julio de 2024. Maia Spinelli (17) viajaba como acompañante en un auto y murió tras un violento choque en la intersección de avenida Eva Perón y 12 de Octubre, en Florencio Varela. La investigación apuntó contra Valentino Perrone, conductor del vehículo, quien llegó a juicio imputado por homicidio con dolo eventual y lesiones leves, además de figuras penales alternativas por homicidio imprudente y culposo.

El proceso se realizó bajo el sistema de juicio por jurados, donde 12 ciudadanos titulares y seis suplentes fueron sorteados para analizar las pruebas presentadas por la fiscalía y la defensa. El representante del Ministerio Público Fiscal fue Marcelo Celidán.

Durante el debate se expuso que el grupo de jóvenes circulaba en el auto con más ocupantes de los permitidos, sin cinturones de seguridad y tras consumir alcohol. El vehículo, manejado por Perrone, chocó por detrás a otro auto, se desvió, golpeó contra el boulevard de una avenida, volvió al carril y terminó impactando contra el frente de un local comercial, provocando la muerte de Maia. El resto de los ocupantes sufrieron lesiones.

La audiencia finalizó en horas de la madrugada, cuando el jurado entregó su decisión en sobre cerrado. De acuerdo al procedimiento, el veredicto se conoce en ese mismo instante, sin que las partes puedan anticipar el resultado. La ley establece que, para declarar culpable a un acusado por delitos que no contemplan pena perpetua, se requieren al menos 10 votos afirmativos. Si no se alcanza esa mayoría, corresponde la absolución.

Según relató una auxiliar letrada del tribunal al medio El Radar del Sur, los integrantes de la familia de la víctima reaccionaron con angustia dentro de la sala al escuchar el fallo. La situación se tornó tensa y las autoridades resolvieron desalojar el recinto. Minutos más tarde, ya en el exterior, un grupo estimado en unas 30 personas superó el operativo policial y comenzó a tirar piedras contra el edificio. Varias ventanas resultaron destrozadas, mientras quienes permanecían adentro buscaban refugio.

El juez Santiago Zurzolo recibió un ladrillazo en el pecho, además de cortes por astillas de vidrio. Otros funcionarios y jurados sufrieron daños materiales en sus vehículos, entre ellos dos motos y un auto. Una persona introdujo la mano por una de las ventanas rotas y prendió fuego papeles y cortinas, según testigos, mientras gritaba amenazas. El intento de incendio fue sofocado rápidamente, aunque dentro del tribunal se vivieron momentos de temor y encierro.

La auxiliar letrada, además, relató que su número personal de celular fue difundido en redes sociales y comenzó a recibir amenazas, situación que denunció ante la fiscalía.

Tanto trabajadores como funcionarios y jurados permanecieron dentro del edificio hasta la llegada de un importante despliegue de patrulleros y la normalización parcial de la situación.

Los hechos tuvieron un fuerte eco institucional. La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) Quilmes expresó su "profunda preocupación y absoluto repudio" frente a los ataques, reclamó medidas urgentes de seguridad para el personal judicial y pidió la suspensión de términos procesales mientras no se garantizara la integridad física de trabajadores y trabajadoras.

El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de Quilmes también repudió los hechos y recordó que la absolución fue decisión de un jurado popular, no de jueces, y alertó sobre el riesgo de naturalizar episodios de violencia contra el sistema judicial.

A su vez, la Red de Juezas y Jueces Penales de la República Argentina se solidarizó con los afectados y advirtió sobre la gravedad de estos ataques, que afectan la independencia judicial y generan condiciones de presión incompatibles con el funcionamiento democrático de la justicia. Las entidades coincidieron en la necesidad de reafirmar el respeto institucional, la convivencia pacífica y el resguardo del servicio de justicia ante situaciones de violencia y deslegitimación.

Fuente: telam