>El Tribunal Oral Federal de Paraná (TOF) dio inicio esta mañana el juicio contra Leonardo Airaldi. Está previsto que declaren 52 testigos de las dos causas.

El TOF, integrado por Noemí Berros; Emilce Rojas y José María Escobar Cello, abrió la audiencia pasadas las 10. El primer tramo del juicio corresponderá a la lectura de las requisitorias fiscales y a resolver cuestiones preliminares.

Habida cuenta del contexto, Diego Iglesias, el titular de PROCUNAR (la fiscalía contra la narcocriminalidad) llegó para acompañar a Candioti. Fuentes del Ministerio Público Fiscal (MPF) dejaron trascender que la presencia del funcionario se corresponde con la idea de dar una señal institucional fuerte de respaldo al fiscal federal de Paraná. “Que se entienda: el MPF es uno solo”, comentó una alta fuente del organismo a este medio.

Airaldi siguió por videoconferencia las alternativas de la primera jornada del juicio en su contra. El Servicio Penitenciario Federal lo ubicó en un salón acondicionado de la cárcel de Ezeiza. Allí dispuso de una computadora y auriculares. Está en la unidad de máxima seguridad desde el sábado.

Airaldi permanecerá en Ezeiza hasta el fin del juicio por narcotráfico, al menos. En dos semanas deberá comparecer ante el TOF en persona. Eso implica que tendrá que ser trasladado a Paraná y regresar cuando termine el procedimiento.

En los expedientes elevados a juicio están comprometidas otras personas. Su pareja, Jimena Burne, era una de ellas. Enfrentaba la acusación de ser asistente y colaboradora de actividades ilícitas. Pero la mujer optó por un juicio abreviado.

Daniel “Tavi” Celis, otro capo narco condenado y alojado en Gualeguaychú, fue quien reveló a las autoridades el complot que Airaldi habría pergeñado. Además de Candioti, dijo que estaban en la mira el juez federal Leandro Ríos y el ministro de Seguridad Néstor Roncaglia.

Celis tiene sobre sus espaldas una condena por narcotráfico. Su nombre llegó a la escena nacional años atrás debido a su vinculación con el exintendente de Paraná, el radical Sergio Varisco. En la causa conocida como “narcomunicipio” se ventiló cómo el capo narco había financiado la campaña electoral del dirigente. En retribución, habría recibido prebendas como contratos para su banda y uso de elementos públicos.