Además, el régimen permite solicitar la devolución anticipada de créditos fiscales de IVA originados en las inversiones. El plazo para la devolución se redujo a tres períodos fiscales mensuales desde el momento en que el crédito resulta computable, lo que representa una disminución del 50% frente a los plazos ordinarios vigentes. La autoridad de aplicación podrá definir un cupo anual para la devolución de créditos fiscales, de acuerdo con las pautas presupuestarias.

El control y la fiscalización del RIMI recaen sobre la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que dictará las normas complementarias para su implementación y ejercerá las potestades sancionatorias. Si una empresa incumple los requisitos establecidos, pierde los beneficios y debe restituir los créditos fiscales y montos deducidos en Ganancias, con intereses y una multa que puede llegar al doble del beneficio utilizado.

La normativa no prioriza a ningún sector sobre otro. Empresas industriales, tecnológicas, de servicios, construcción, energía y otras ramas productivas pueden solicitar la adhesión al RIMI, siempre que cumplan los requisitos formales y las condiciones de inversión previstas. Este enfoque transversal marca una diferencia respecto a las versiones iniciales, en las que existían propuestas de segmentación o privilegios sectoriales.

La autoridad de aplicación deberá dictar la reglamentación y establecer los procedimientos para la presentación, evaluación y aprobación de los proyectos, así como los mecanismos de control posterior. El RIMI quedó configurado como un instrumento abierto, con reglas uniformes y orientado a fomentar la inversión privada en todos los sectores productivos del país.