>Una plataforma integrada por 34 organizaciones y familiares de presos políticos exigió este miércoles a la dictadura de Cuba la liberación inmediata de todas las personas encarceladas por motivos políticos y la aprobación de una ley de amnistía que despenalice la disidencia y repare las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en la isla.

Los promotores de la iniciativa recalcaron en su declaración que “la amnistía no es un favor del poder, sino la rectificación obligatoria de una injusticia sistémica”. El Foro, que agrupa a miembros del Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC), activistas, ex presos políticos y familiares de encarcelados, subraya que el objetivo no es solo la excarcelación, sino también “la plena rehabilitación política y moral de cada prisionero: borrar los antecedentes penales y restituir sus derechos civiles y políticos”.

La plataforma considera que su exigencia es un “imperativo ético y cívico”, y llama al régimen cubano a promulgar una Ley de Amnistía y Despenalización del Disenso que ponga fin de manera “inmediata y definitiva” a la reclusión de quienes han ejercido sus derechos fundamentales.

El Foro insiste en que la amnistía debe reconocer que los condenados por razones políticas fueron víctimas de procesos que vulneraron las garantías del debido proceso y los principios del Derecho Internacional.

El Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC) pidió al régimen “tomar nota” de los graves hechos ocurridos recientemente en la prisión de Canaleta, donde un motín de presos por hambre y malos tratos fue respondido con el uso de balas de goma, gas pimienta y violencia física, según testimonios de reclusos y denuncias de ONG. La situación en Canaleta, según el CTDC, “vuelve a poner en evidencia el atroz funcionamiento del aparato represor y penitenciario en Cuba”.

A nivel nacional, la organización Prisoners Defenders, con sede en Madrid, contabiliza actualmente 1.207 presos por motivos políticos en Cuba, cifra que ilustra la magnitud del problema y la urgencia de una solución integral. El CTDC ha denunciado también el hacinamiento y la persecución de quienes protestan o intentan sobrevivir en condiciones precarias, así como la aplicación de sanciones disciplinarias y traslados arbitrarios dentro del sistema penitenciario.