En cuanto a los delitos sufridos, el más frecuente es el asalto a mano armada en la vía pública (35%), seguido por robos sin violencia (29%) y estafas (25%). El temor a ser víctima de un asalto ocupa también el primer lugar cuando se consulta por la probabilidad de hechos futuros y define la percepción de riesgo urbano.

El vínculo entre sistema judicial y ciudadanía atraviesa su peor momento: el 89% de los encuestados considera que los delitos graves no tienen condenas acordes o que las condenas no se cumplen en su totalidad. Solo el 12% cree que las penas se cumplen como corresponde.

En relación a la edad de imputabilidad, el apoyo a cambios es contundente: el 56% pide que el límite baje de los 16 años actuales a 14 años, en sintonía con el proyecto enviado por el Gobierno Nacional al Congreso.

Respecto a las causas estructurales de la inseguridad, el informe muestra que los argumentos siguen las líneas de la polarización política. Quienes apoyan a Milei responsabilizan la “pérdida de la cultura del trabajo y el sacrificio” (73%), la “pérdida de valores sociales” (71%) y el “narcotráfico” (60%), acompañados por una alta desconfianza hacia los jueces “garantistas” (58%). En los votantes de la oposición, la pobreza y marginalidad lidera con un 82%, seguida de desigualdad socioeconómica y un Estado ausente.

El propio documento destaca que “el diagnóstico de las causas de la inseguridad está notablemente sesgado por la grieta ideológica”, lo que condiciona cualquier posibilidad de consenso en políticas de fondo.

Cuando se explora la actitud frente al sistema, el rechazo es transversal. El 74% responsabiliza a los jueces porque “dejan libres a muchos delincuentes” y el 69% opina que más poder para la policía implicaría “más excesos y casos de gatillo fácil”. Al consultar por el derecho a la autodefensa, un 23% dice que los ciudadanos deberían poder armarse porque “el Estado no los cuida”.

Entre quienes no denuncian delitos, además de la sensación de inutilidad, el 30% expresa desconfianza en la justicia, el 14% recuerda que denunció sin resultado en el pasado y el 6% desconfía de la policía.

La métrica final deja poco margen para la autocomplacencia institucional. En una escala de 1 (“pésima gestión”) a 10 (“excelente gestión”), el Gobierno Nacional obtuvo un promedio de 4,4, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 4,8 y el de la Provincia de Buenos Aires 3,6. Ningún distrito alcanza el umbral del aprobado.

Fuente: telam