Para abordar los costos de las desvinculaciones, el proyecto propuso el Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Este sistema buscó cubrir las contingencias económicas de los despidos a través de una contribución mensual obligatoria que quedó a cargo de los empleadores. Las grandes empresas aportaron el 1% de las remuneraciones, mientras que para las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) el aporte se fijó en el 2,5%. El Poder Ejecutivo recibió la facultad de incrementar estos porcentajes hasta el 1,5% y el 3% respectivamente, siempre con el aval de la Comisión Bicameral correspondiente.

La extensión del período de prueba resultó otro de los ejes con mayor impacto para las nuevas contrataciones. El texto que aprobaron los diputados amplió el plazo general a seis meses para la mayoría de los rubros. En el caso de las unidades productivas que tuvieron hasta cinco empleados, este período se extendió hasta los ocho meses. Durante este lapso, la relación laboral se extinguió sin derecho a indemnización. La reforma obligó al empleador a registrar el vínculo y a realizar los aportes a la seguridad social desde el primer día de trabajo.

El proyecto incorporó el Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión (RIMI). Este programa buscó fomentar la incorporación de tecnología y la expansión de la capacidad instalada de las empresas. Como medida de acompañamiento, se estableció una reducción de las contribuciones patronales. El beneficio se fijó en un punto porcentual para las grandes empresas y en 2,5 puntos para las MiPyMEs. Estas cifras pudieron ascender hasta el 1,5% y el 3% bajo decisión del Ejecutivo y ratificación legislativa.

La regulación de los aportes sindicales también sufrió modificaciones. El proyecto puso límites a las contribuciones previstas en los convenios. Los aportes patronales a cámaras o asociaciones empresarias no superaron el 0,5% de las remuneraciones y pasaron a ser voluntarios desde enero de 2028. Para las asociaciones de trabajadores, los aportes no superaron el 2%. El oficialismo eliminó el artículo que permitía a los empleadores actuar como agentes de retención de las cuotas de afiliación sin la conformidad expresa del trabajador. El aporte del 6% para las obras sociales no sufrió cambios.

En el tramo final del debate en Diputados, se produjo la eliminación del artículo 44 y del artículo 208. Estos apartados proponían cambios en el régimen de licencias por enfermedad. El texto original contempló una reducción salarial basada en el origen de la afección. En casos de riesgos voluntarios, el trabajador percibía solo el 50% de su sueldo. Al eliminarse estos artículos, se restauró el esquema tradicional que garantizó el pago íntegro del salario durante las licencias médicas. El oficialismo desistió de estos puntos para asegurar la media sanción general del paquete. La CGT, a través de Octavio Argüello, cuestionó duramente a los gobernadores que acompañaron la iniciativa, a quienes calificó de entreguistas.

Fuente: telam