>Durante años, la Argentina debatió su inserción internacional en términos polarizados: apertura o proteccionismo, globalización o repliegue, mercado o Estado. Todo en clave de pensamiento único. El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur representa una alternativa: abandonar la lógica binaria y construir una política de Estado cimentada en reglas, previsibilidad y cooperación estratégica.

Esa señal, hoy, vale más que cualquier beneficio arancelario.

Diversas voces interpretaron la última decisión judicial en Europa como un escollo. Pero más bien se trata de una instancia que puede extender los plazos y, al mismo tiempo, fortalecer la solidez jurídica del acuerdo. Si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se expide favorablemente, la votación en el Parlamento Europeo dispondrá de una base institucional más robusta. Más claridad normativa implica mayor previsibilidad. Y la previsibilidad es un activo central para el desarrollo.

Desde la perspectiva económica, las cifras lo confirman: involucra a 700 millones de personas y cerca del 20% del PBI mundial. Para la Argentina, implica acceso preferencial a uno de los mercados más sofisticados, reducción de aranceles para la mayoría de los productos exportables y un marco normativo que habilita la planificación de inversiones a largo plazo.

El impacto será federal. La Provincia de Buenos Aires, con peso en carnes, lácteos y cereales, tendrá un rol clave. También las economías regionales pueden registrar transformaciones que potencien su perfil exportador.

El desafío no se limita a aprobar un tratado. Implica asumir que la competitividad sistémica —instituciones sólidas, infraestructura moderna, educación de calidad, innovación y estabilidad normativa— será indispensable para aprovechar la oportunidad.

La integración no debilita la soberanía. La fortalece cuando se apoya en reglas, instituciones y visión de largo plazo. El acuerdo Unión Europea–Mercosur constituye una oportunidad concreta para demostrar que el país está dispuesto a recorrer ese camino.