>El presidente Javier Milei está cerca de lograr algo que ninguno de sus antecesores pudo conseguir en las últimas décadas, a pesar de que hubo intentos para hacerlo: una reforma laboral integral que modificaría con una sola ley varios aspectos del sistema actual. Sin embargo, en el camino comenzaron a surgir algunos imprevistos que el Gobierno intentará sortear esta semana, mientras crece el conflicto con la cúpula del gremialismo, que endureció su postura sobre este proyecto.

Sin embargo, en la Casa Rosada miran con especial atención y hasta último momento la decisión que pueda llegar a tomar la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que agrupa a los choferes de la gran mayoría de líneas de colectivos que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Las autoridades nacionales consideran que este es un punto clave, ya que si la UTA finalmente no se suma al cese de actividades, muchas de las actividades funcionarían con normalidad y eso podría interpretarse como un respaldo de la población hacia la reforma.

La última vez que la CGT convocó a un paro de estas características fue en abril del año pasado, en reclamo a mejoras en las jubilaciones y en contra de las políticas económicas.

De todas formas, según una estimación preliminar del Instituto de Economía de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), el costo económico del cese de actividades para el país fue de $208.497 millones, lo que equivalía a aproximadamente USD 194 millones.

Sucede que el resto de los medios de movilización también pararán, desde los trenes que son representados por la Unión Ferroviaria, liderada por Sergio Sasia, y La Fraternidad, de Omar Maturano, hasta la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) dirigida por Juan Carlos Schmid, que nuclea a Camioneros, pilotos, aeronavegantes, marítimos, fluviales y personal del subte, entre otros.