Como resultado de las pruebas recopiladas, el fiscal Andrés Marchi solicitó la prisión preventiva, desestimando las alternativas propuestas por las defensas, al considerar que la privación de libertad resulta necesaria para asegurar el proceso judicial de las acusadas.

No obstante, no se trataría de la primera vez que la mujer fue atacada, ya que el 10 de febrero se registró otro episodio de similares características. También sucedió en su casa, cuando un hombre de 30 años habría irrumpido para atacar a palazos tanto a ella como a su padre de 60 años.

“Dijo que lo había mandado Andrés para callarme la boca. Hay testigos que escucharon eso”, aseguró la denunciante. Además, expresó satisfacción con la dirección de la pesquisa y defendió su postura ante la prensa: “Salimos reconfortados de tribunales. Siempre dijimos la verdad y confiamos en que la Justicia nos iba a escuchar”.

Frente a esto, la mujer detalló que esta situación afecta su día a día, ya que condiciona su acceso a espacios laborales y educativos. “Hace 21 años que soy empleada municipal. No pueden impedirme trabajar ni llevar a mi hijo a la escuela sin fundamentos claros”, manifestó.

Por último, apuntó contra los funcionarios municipales al denunciar supuestas anomalías procesales en el manejo del caso. Así, detalló que se habría intentado gestionar la restricción en la Comisaría 14 sin cumplir los procedimientos correspondientes y cuestionó posibles excesos de autoridad: “Si quieren hacer abuso de poder, que lo hagan con pruebas”, reclamó.