Precisamente, el juez Toffoli ha quedado atrapado en el torbellino de las polémicas, hasta el punto de que pronto se sabrá, quizás incluso esta misma semana, si renunciará al caso enviándolo a los tribunales de instancias inferiores, como habría sido la práctica habitual, o si, por el contrario, lo mantendrá. Nombrado por Lula en 2009 y relator del caso, Toffoli viajó en un jet privado con un abogado del banco sobre cuyo caso es juez pocos días antes de ser asignado aleatoriamente a la supervisión de la investigación. Además, sus hermanos recibieron una inversión de 1 millón de reales (189.021 dólares) de Fabiano Zettel, cuñado de Vorcaro, en un proyecto turístico familiar que, según Metrópoles, incluiría incluso un pequeño casino en un país como Brasil, donde los casinos están prohibidos. Aunque el presidente del STF, Edson Fachin, propuso en los últimos días un código de ética para la Corte Suprema, este fue de hecho ignorado, revelando una Corte más concentrada en la autopreservación institucional que en la rendición de cuentas. El propio Fachin calificó el comportamiento de Toffoli como regular, añadiendo que “quien intenta deslegitimar la Corte Suprema (STF) para erosionar su autoridad, con el objetivo de provocar el caos y el debilitamiento de las instituciones, está atacando el corazón mismo de la democracia constitucional y del Estado de derecho”.

En el torbellino de críticas también ha quedado involucrado el otro juez del STF, Alexandre de Moraes, famoso por haber bloqueado X durante 39 días en 2024 y por haber sido el juez del proceso que condenó al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años y tres meses por intento de golpe de Estado. El despacho de abogados de su esposa, Derci Moraes, obtuvo un contrato de 24 millones de reales (4,54 millones de dólares) con el Banco Master, además de haber mantenido contactos directos con el presidente del Banco Central, Gabriel Galípolo, como reveló la periodista Malu Gaspar. Moraes se defendió alegando que las conversaciones no estaban relacionadas con el colapso del banco. Cuando filtraciones revelaron la existencia del contrato, Moraes reaccionó abriendo investigaciones contra la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Agencia Tributaria Federal.