23/01/2026
Alerta en Ecuador por una reforma penal que pone en riesgo la libertad de expresión
Fuente: telam
La propuesta del oficialismo podría afectar al periodismo
>Organizaciones de la sociedad civil expresaron preocupación por una propuesta oficialista que busca reformar el Código Orgánico Integral Penal (COIP) en el apartado que hoy sanciona como contravención la emisión de “expresiones en descrédito o deshonra” contra otra persona. La iniciativa plantea añadir un inciso interpretativo al numeral 1 del artículo 396, con el argumento de fortalecer la protección de la libertad de expresión cuando se trate de asuntos de interés público o de críticas dirigidas a servidores públicos.
En un pronunciamiento público, la organización señaló que el proyecto ordena a jueces verificar si las expresiones sometidas a su conocimiento se enmarcan en el ejercicio legítimo de la libertad de expresión, aplicar estándares constitucionales e interamericanos y realizar un test de proporcionalidad antes de imponer una sanción. No obstante, recalcó que esos criterios no son “novedosos ni opcionales” en Ecuador, porque ya rigen por supremacía constitucional, bloque de constitucionalidad y vigencia directa de tratados internacionales de derechos humanos.
Para la organización, el problema central no es la ausencia de reglas que ordenen proteger la libertad de expresión, sino la práctica judicial que ha permitido usar el sistema penal para castigar, inhibir o desalentar la crítica, incluso cuando se refiere a asuntos de evidente interés público o al escrutinio de quienes ejercen funciones públicas. Desde esa perspectiva, reiterar estándares dentro del COIP sin modificar la “lógica punitiva subyacente” no corrige el problema y, por el contrario, puede normalizar la judicialización de la crítica. El comunicado advierte, además, sobre los riesgos estructurales de sostener un tipo contravencional amplio —como el de “expresiones en descrédito o deshonra”— al que se le agregan “filtros” interpretativos sin reducir la ambigüedad. En la práctica, ese diseño mantendría el control penal sobre el debate público y trasladaría la protección del derecho a un margen de discrecionalidad judicial que, según la experiencia reciente descrita por la organización, no siempre ha operado de manera favorable a la libertad de expresión.La controversia también reabre una discusión clave en estándares internacionales: el mayor umbral de tolerancia que se exige a quienes ejercen funciones públicas. Fundamedios subraya que, bajo estándares interamericanos, las personas con cargos públicos están sometidas a un nivel más alto de escrutinio y deben soportar críticas más severas, precisamente porque administran poder estatal y recursos públicos. En esa línea, advierte que normas que penalizan expresiones ofensivas, molestas o perturbadoras dirigidas a funcionarios tienden a proteger indebidamente al poder y a desalentar la participación ciudadana.
En un contexto regional donde la presión sobre periodistas y medios suele intensificarse cuando se investigan decisiones oficiales, denuncias de corrupción o abusos de poder, Fundamedios planteó que una democracia sólida requiere más debate público, más tolerancia frente a la crítica y menos castigo penal, especialmente cuando la información o las opiniones se refieren a asuntos de interés general y a la conducta de funcionarios que, por su rol, están sujetos a un escrutinio reforzado.
Fuente: telam
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