>Luego de la victoria moderada que consiguió el Gobierno a fines del 2025 con la aprobación en el Congreso del Presupuesto y de la ley de Inocencia fiscal, el oficialismo concentrará todos sus esfuerzos en estas nuevas sesiones extraordinarias en obtener la sanción de la reforma laboral y del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, aunque ya piensa en los futuros movimientos legislativos con los que avanzará una vez que se logren esas primeras metas.

Se trata, por un lado, del nuevo Código Penal, el cual fue elaborado por una comisión especial de expertos en la materia convocada por el Poder Ejecutivo, y la baja de la edad de imputabilidad.

En tanto, la segunda de esas medidas había conseguido dictamen en la Cámara de Diputados en mayo del 2025, pero tampoco pudo pasar al recinto por la falta de apoyo por parte de la oposición.

La iniciativa en cuestión buscaba dar prioridad a las penas alternativas, como la aplicación de tareas comunitarias, prohibiciones de aproximación con las víctimas o medidas de reparación del daño causado.

Sin embargo, para esa fecha el Gobierno todavía no había ganado las elecciones y seguía siendo una minoría en ambas Cámaras, donde la oposición trababa todos los intentos del Ejecutivo, por lo que no se votó.

“Hay todo un régimen penal juvenil, que incluye no solamente la baja de la edad, sino también cuestiones de políticas de Estado, de inserción y asistencia social, tratamiento terapéutico, etcétera. Es decir, son un montón de herramientas para pensar qué hacer con un chico que delinque“, explicó uno de los autores de la propuesta.

El grupo que se encargó de la redacción fue creado a principios del 2024 y estuvo integrado por figuras como el juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky, y el abogado Jorge Boumpadre, que lo encabezó.

El texto definitivo fue presentado en diciembre último durante una conferencia de prensa del entonces flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto a la actual senadora Patricia Bullrich, que estaba dejando el Ministerio de Seguridad.

Entre otros aspectos, la propuesta más reciente propone no solo mantener la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, sino también sumar otros delitos como homicidio simple y agravado, abuso sexual, grooming, financiación, comercialización, publicación, facilitación, divulgación o distribución de material audiovisual de abuso sexual infantil, corrupción de menores, trata de personas, terrorismo, financiamiento del terrorismo, tráfico de estupefacientes, entre otros.

Entre los nuevos delitos que aparecen, está el de los motochorros, que se redactó de manera más clara para que no haya grises; la criminalidad ambiental, sumando la contaminación, y se perfeccionó la figura del financiamiento del terrorismo.

El escritor considera en esa obra que el Estado no debería prohibir actividades voluntarias que no impliquen agresión, incluso cuando generen incomodidad moral o rechazo social generalizado. El eje teórico se apoya en el principio de no agresión, una de las bases del libertarismo moderno.