>El Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas otorga al Consejo de Seguridad de la ONU amplios poderes (Artículos 39-51) para abordar las amenazas a la paz internacional, las violaciones de la paz o los actos de agresión, permitiéndole autorizar acciones vinculantes como sanciones, bloqueos, etc.

Por lo tanto, algunos juristas sostienen que la frase inicial del Artículo 51, que especifica que “nada de lo dispuesto en la presente Carta menoscabará el derecho inmanente de... legítima defensa”, significa que existía en el derecho internacional consuetudinario un derecho de legítima defensa superior a las disposiciones específicas del Artículo 51, que refiere únicamente a la situación en la que se haya producido un ataque armado.

El problema es que las organizaciones internacionales están diseñadas para no actuar. Por lo tanto, la ineficiencia de los responsables de resolver los problemas internacionales deja demasiadas lagunas y ello quiere decir crisis sin atender como violaciones sistemáticas de Derechos Humanos o crímenes de lesa humanidad, incluso dejó sin atender un genocidio en Ruanda.

Sin mencionar que los Estados a menudo utilizan el derecho interno para justificar acciones bajo amplios poderes presidenciales (como la IEEPA en Estados Unidos) o bajo leyes nacionales de ciberseguridad.

Pero eventualmente, puede implicar actuar en respuesta a violaciones de los derechos humanos, como atrocidades a gran escala, genocidio y el colapso de las instituciones democráticas.

Las organizaciones internacionales están diseñadas para la espera, para la inacción; en lo posible no actúan. Por eso fui considerado radical en su momento por denunciar crímenes de lesa humanidad en Venezuela y Cuba o para impulsar la declaración de alteración del orden constitucional en Venezuela.

Las acciones contra dictadores y delincuentes no son contrarias al Derecho Internacional, como tampoco lo son las acciones de protección, generalmente son situaciones de gravedad reconocidas internacionalmente por resoluciones y declaraciones que hacen llamados a los Estados (en general genéricos, a veces más específicos) a resolver o tomar medidas para resolver las crisis referidas y son consistentes con las soluciones que necesita el pueblo que sufre la opresión, del pueblo que necesita ser protegido de crimenes de atrocidad, de crimenes de lesa humanidad y de violaciones sistemáticas de DDHH, cuando se actúe para resolver estas situaciones se está actuando conforme a Derecho y conforme al Derecho Internacional. Es decir, la comunidad internacional, las organizaciones, hacen suya la crisis y hacen suya la necesidad de soluciones. Lo opuesto sería como afirmar que el ciudadano que atrapa a un ladrón o un asesino en flagrancia está actuando contrario a Derecho o que está actuando contrario a Derecho cuando protege su casa.

El otro “mayor riesgo” era el neocolonialismo, algo que Venezuela ya estaba experimentando. Venezuela era un protectorado, el régimen venezolano estaba protegido por el régimen cubano, el país arrastrado a la miseria que solamente el régimen cubano puede imponer, apropiándose de petróleo venezolano en condiciones que a Estados Unidos no se le ha ocurrido imponer. Además, agentes del régimen cubano cometían crímenes de lesa humanidad contra los venezolanos para mantener esa situación.

En esta región no existe una dimension de inmunidad de jurisdicción territorial por sus crimenes para dictadores precisamente porque su “jurisdicción” está basada en la alteracion del orden constitucional y no está actuando conforme a Derecho ni a los principios del Estado de Derecho.