09/01/2026
Ecuador: autoridad electoral busca a excandidatos correístas por el financiamiento de campaña
Fuente: telam
El Tribunal Contencioso Electoral solicitó información migratoria y datos domiciliarios de Andrés Arauz y Luisa González
>El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) avanzó esta semana en el trámite de una denuncia por presunta infracción electoral relacionada con las elecciones anticipadas de 2023 y ordenó una serie de diligencias para ubicar a dos de los cuadros más visibles de la Revolución Ciudadana, entre ellos Andrés Arauz y Luisa González, quienes integraron el binomio presidencial de esa organización política en ese proceso.
Como parte de las medidas adoptadas, el juez dispuso requerir información a varias instituciones públicas —entre ellas el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la Contraloría General del Estado, el Registro Civil y la Agencia Nacional de Tránsito— para individualizar los domicilios de González y Arauz. El objetivo, según el auto, es garantizar que las notificaciones se realicen conforme a la ley y permitir que los denunciados ejerzan su derecho a la defensa dentro del proceso electoral sancionador.
En el caso específico de Arauz, el magistrado ordenó oficiar al Ministerio del Interior para que, en un plazo de tres días, remita su registro migratorio. La solicitud busca establecer si el exministro y excandidato se encuentra dentro o fuera del país. Esta decisión se adoptó luego de que el Ministerio de Relaciones Exteriores informara al TCE que no existe registro consular de Arauz y que la competencia sobre el control migratorio corresponde al Ministerio del Interior.La denuncia del CNE no se limita al binomio presidencial. También involucra a Santiago Díaz Asque, exjefe de campaña de la Revolución Ciudadana en las elecciones de 2023 y actual asambleísta. En su caso, el juez dejó constancia de que fue citado personalmente el 10 de diciembre de 2025, pero no presentó contestación dentro del plazo legal de cinco días. Díaz se encuentra recluido por una denuncia penal de violación a una niña, un proceso distinto y ajeno al trámite electoral que analiza el TCE.De acuerdo con el Código de la Democracia, si el TCE determina la existencia de una infracción electoral grave, las sanciones pueden incluir multas que van de 20 a 70 salarios básicos unificados y la suspensión de los derechos políticos por un período de entre dos y cuatro años. En determinados supuestos, la normativa también prevé la posibilidad de cancelar la inscripción de la organización política responsable, una medida de alto impacto en el sistema de partidos.
Por ahora, el expediente se mantiene en fase de sustanciación y no existe un pronunciamiento sobre la responsabilidad o inocencia de los involucrados.
Fuente: telam
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