>Tras sorprender con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/25 de fin de año, que dispone la reestructuración de la Secretaría de Inteligencia (SIDE), el Gobierno Nacional confía en que la justicia no dará lugar a los amparos presentados por referentes de la oposición que cuestionan la determinación, mientras, en paralelo diseña, la estrategia legal para hacerles frente en caso de que los recursos avancen, según reveló una importante fuente a Infobae.

La SIDE, encabezada por Cristian Auguadra y Diego Kravetz, se someterá a un proceso de cambios para “ordenar el sistema”. Los cambios fueron impulsados por el asesor presidencial, Santiago Caputo, para avanzar en la modernización del organismo ante la actual coyuntura. “Permite proteger al país frente a las amenazas contemporáneas, delimita competencias, reduce su estructura y fortalece los controles estatales”, argumentaron desde la secretaría a través de un comunicado.

La determinación despertó la reacción de legisladores de la oposición que cuestionaron el accionar del Poder Ejecutivo y anticiparon que acudirían a la justicia para impedir la aplicación de los cambios. Hasta el momento se presentaron tres amparos contra la medida. “Si este DNU que modifica la Ley de Inteligencia Nacional lo hubiera firmado el kirchnerismo, estaríamos ante un escándalo institucional de proporciones históricas”, supo cuestionar el diputado Maximiliano Ferraro, de los primeros en rechazar el decreto.

Por su parte, la Fundación Apolo que lidera el exlegislador Yamil Santoro también presentó un recurso para avanzar en la deslegitimación de las facultades de detención que le reconocen al organismo. “A nuestro entender exceden los límites constitucionales”, sentenciaron desde el entorno del referente a Infobae.

En Casa Rosada se anticiparon a las posibilidades, y pese a que se muestran optimistas por el accionar judicial, los equipos de legales avanzan en la estrategia legal que desplegarán en caso contrario. “La falta de legitimación es clara. No pueden probar daño ni autoproclamarse la defensa del pueblo”, argumentó ante este medio un conocedor del tema. Además, aseguró contar con jurisprudencia “pasiva” que respalda la determinación de la administración.

Según argumentan, se trata de lo que denominan como “jurisprudencia pacífica” que determina quién tiene legitimación y en qué casos. “No hay caso. ¿Cuál es el caso? No hay daño pero más aún, no hay caso”, insistían.

En paralelo, la oposición presiona para avanzar en la conformación de la Comisión Bicameral de Inteligencia, de carácter permanente, que deberá elaborar un pedido de información a la Casa Rosada. Lo cierto es que hasta que no se trate, el DNU mantiene su vigencia y aplicación.

Sin embargo, desde las bancadas opositoras precisan que, pese a la dilación, los plazos legales corren y el tratamiento de decretos puede habilitarse fuera del período ordinario, con el Congreso en actividad. “A partir de mediados de enero estaremos en condiciones de tratarlo”, prometen.