Desde la sanción de la Ley de Inteligencia Nacional en 2001, el sistema sumó organismos, dependencias y subsistemas que, con el paso de los años, no siempre lograron articularse de forma eficaz. Durante más de dos décadas, distintas reformas parciales intentaron corregir esos problemas, pero generaron nuevas capas organizativas que complejizaron el funcionamiento general.

En ese contexto, las modificaciones se presentan como una reforma de segunda generación, destinada a consolidar los cambios previos y resolver problemas estructurales persistentes. El objetivo es avanzar hacia un sistema más cohesionado, en el que la producción de inteligencia estratégica se base en información integrada, oportuna y verificable.

Uno de los ejes centrales del decreto es la reafirmación de la Secretaría de Inteligencia de Estado como órgano superior del Sistema de Inteligencia Nacional. En ese rol, la SIDE asume la conducción directa de la planificación estratégica, la coordinación interinstitucional y la producción de inteligencia nacional.

La norma establece que la SIDE es responsable de articular el funcionamiento del sistema, coordinar las relaciones con los organismos de inteligencia de otros Estados y centralizar la información producida por los distintos subsistemas para elevarla al Presidente de la Nación.

Al mismo tiempo, el decreto subraya que la SIDE no desarrolla tareas policiales ni de seguridad interior, ni persigue delitos concretos. Su función es producir inteligencia estratégica, anticipada y objetiva para la toma de decisiones del Poder Ejecutivo, una precisión destinada a despejar ambigüedades acumuladas con el tiempo.

En lugar de ampliar el alcance de la SIDE, el decreto reduce competencias para concentrar al organismo en su misión específica. El sistema de inteligencia, según la norma, no tiene a su cargo la investigación criminal ni la ejecución de políticas de seguridad interior.

En este sentido, la reforma retira de la SIDE funciones vinculadas a la protección operativa de infraestructuras digitales, que pasan a un organismo con perfil técnico y de gestión. El criterio adoptado es el de especialización: cada área del Estado debe concentrarse en las tareas para las que fue diseñada.

El decreto establece de manera precisa la posibilidad de que el personal de Inteligencia ejecute aprehensiones de personas, bajo supuestos expresamente delimitados. La norma no le otorga a los organismos de inteligencia a funciones policiales ni judiciales, sino que regula una facultad operativa vinculada a la protección de instalaciones, bienes, personal, operaciones e información del Sistema de Inteligencia Nacional, así como a situaciones de auxilio o requerimiento judicial y a la comisión de delitos en flagrancia.

La reforma prevé que, en todos los casos en que el personal de inteligencia realice una aprehensión, deberá dar aviso inmediato a las fuerzas policiales y de seguridad competentes. De este modo, la norma otorga mayor claridad jurídica a escenarios que pueden surgir durante el desarrollo de actividades de inteligencia, estableciendo límites y procedimientos explícitos para una intervención que queda restringida a contextos específicos y excepcionales.

“Los órganos del SISTEMA DE INTELIGENCIA NACIONAL (SIN) proporcionarán su propia seguridad y protección de las instalaciones, bienes, personal, operaciones e información, encontrándose habilitados a repeler y/o hacer cesar las agresiones que los pongan en riesgo. Lo podrán hacer en toda instalación, durante el desplazamiento, o en los lugares donde se desarrollen las actividades de inteligencia, ya sea en forma permanente, transitoria o circunstancial.

Uno de los cambios más relevantes del decreto es la transformación de la Agencia de Seguridad Nacional en la Agencia Nacional de Contrainteligencia. A partir de la reforma, este organismo se especializa exclusivamente en tareas de contrainteligencia.

El nuevo encuadre busca clarificar un campo que durante años tuvo límites difusos y concentrarlo en la protección del Estado frente a amenazas externas, separándolo de la política interna y de la investigación criminal.

El decreto también introduce un cambio estructural en el subsistema de inteligencia militar. Durante los últimos veinte años coexistieron, con competencias parcialmente superpuestas, la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar y la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Otro de los pilares del decreto es la separación explícita entre ciberinteligencia y ciberseguridad. La Agencia Federal de Ciberseguridad se transforma en Agencia Federal de Ciberinteligencia y queda bajo la órbita de la SIDE, con competencia exclusiva en la producción de inteligencia en el dominio del ciberespacio y el espectro radioeléctrico.

El decreto crea dos nuevos ámbitos permanentes de coordinación: la Comunidad de Inteligencia Nacional y la Comunidad Informativa Nacional.

En ambos casos, el intercambio de información deberá realizarse mediante procedimientos formales, con mecanismos de registro y trazabilidad, garantizando que la información circule de forma ordenada y verificable dentro del Estado.

La reforma refuerza los mecanismos de control interno mediante la creación de la Inspectoría General de Inteligencia, con funciones de auditoría, inspección y control de legalidad, desempeño y uso de recursos.

En materia de conducción, los titulares de los organismos desconcentrados de la SIDE pasan a ser designados por el secretario de Inteligencia, mientras que el Inspector General continuará siendo designado por el Poder Ejecutivo Nacional, en función de su rol de control.

En conjunto, la reforma de la SIDE por decreto apunta a normalizar el funcionamiento de un sistema históricamente fragmentado, clarificar funciones, eliminar superposiciones y fortalecer la integración del sistema de inteligencia con el resto del Estado.

Desde el Gobierno sostienen que la reforma busca dotar al Estado de un sistema de inteligencia más integrado, especializado y previsible, capaz de producir información estratégica útil para la toma de decisiones en un contexto regional e internacional cada vez más complejo.

Fuente: telam