19/12/2025
Protestas contra el levantamiento de la subvención a los combustibles aumentan la tensión en Bolivia
Fuente: telam
Choferes, juntas vecinales y algunos actores políticos manifestaron su rechazo al decreto presidencial. El Gobierno, que recibió el respaldo de sectores empresariales, descarta retroceder en su aplicación
>La tensión crece en Bolivia tras el primer día de vigencia de los nuevos precios del combustible, establecidos por el Gobierno de Rodrigo Paz mediante el Decreto Supremo 5503 la noche del miércoles.
La medida genera posiciones encontradas y constituye el primer conflicto social del Gobierno de Rodrigo Paz cuando cumple 40 días de mandato. Si bien fue respaldada por sectores económicos, como la Confederación de Empresarios Privados y la Cámara Agropecuaria del Oriente, que la consideran ineludible para estabilizar la economía del país y eliminar el contrabando de diésel y gasolina, sindicatos de transporte, juntas vecinales y algunos legisladores la rechazan y plantean desde modificaciones hasta su abrogación total.
“Ayer han sacado (el decreto), esta mañana los pasajes han subido inmediatamente el doble, están cobrando cinco o seis bolivianos, eso afecta el bolsillo de toda la población en general”, señaló el jueves Justino Apaza, presidente de las juntas vecinales de La Paz, organización que anunció movilizaciones si no se abroga la norma en un plazo de 24 horas.
“Consideramos que no era el momento de establecer ese tipo de medidas, lo único que van a causar es más pobreza, más desempleo y la subida de precios de la canasta familiar que va a afectar a los sectores más humildes y que viven del día a día”, afirmó Lara.
Bolivia atraviesa una crisis económica desde hace más de dos años que se traduce en la escasez de dólares, combustible y el aumento sostenido de los precios de la canasta básica. La inflación interanual en julio llegó a 24,86% y los pronósticos de organismos internacionales para los próximos años no son alentadores.
Durante la campaña electoral, Paz había planteado un modelo gradual de protección a “sectores vulnerables” que hoy varios sectores reclaman.
Fuera de las observaciones económicas encontradas, algunos académicos apuntan inconsistencias en la norma (como aquella que remite a un artículo que no existe) y cuestionan la falta de consensos políticos para aplicar la medida.
Fuente: telam
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