>El Gobierno impulsa en el Congreso un proyecto de ley que introduce el llamado principio de “La propuesta fue enviada por el Poder Ejecutivo a comienzos de junio y quedó lista para su tratamiento legislativo junto con el Presupuesto 2026. Según el texto, el objetivo central es reducir la carga administrativa, simplificar los trámites y focalizar la fiscalización en los casos de mayor relevancia, bajo la premisa de que el contribuyente debe ser considerado cumplidor salvo prueba en contrario.

El principio de inocencia fiscal parte de un cambio de enfoque en la administración tributaria. En lugar de presumir que todos los contribuyentes intentan evadir impuestos, la iniciativa propone limitar la persecución penal y los controles extensivos a situaciones en las que exista evidencia concreta de incumplimientos relevantes o de conducta dolosa.

Uno de los ejes del proyecto es la reforma del Régimen Penal Tributario. En primer lugar, se actualizan los montos mínimos a partir de los cuales una infracción pasa de ser administrativa a tener consecuencias penales. Los umbrales vigentes, fijados en diciembre de 2017, se ajustan en función de la inflación acumulada desde entonces.

El texto también establece que no debe iniciarse una denuncia penal cuando no pueda acreditarse la existencia de dolo. Esto incluye los casos en los que el contribuyente haya aplicado un criterio interpretativo debidamente fundamentado o haya presentado su declaración jurada antes de ser notificado de una fiscalización.

Otra modificación relevante es que la acción penal se extinguirá si prescriben las facultades del fisco para determinar o exigir el tributo. De esta manera, si el Estado pierde la posibilidad de reclamar la deuda por vía administrativa, tampoco podrá continuar la persecución penal.

En materia de procedimiento tributario, el proyecto introduce cambios en las multas por incumplimientos formales, con una actualización de los montos previstos en la Ley 11.683, y redefine los plazos de prescripción.

Para los contribuyentes cumplidores, el plazo general de prescripción se reduce de cinco a tres años, siempre que no existan discrepancias significativas. En el caso de contribuyentes no inscriptos, el plazo se mantiene en diez años. También se unifican criterios para la repetición de impuestos y para las obligaciones de agentes de retención y percepción.

Asimismo, se propone armonizar los plazos de prescripción de los tributos provinciales y municipales con los establecidos a nivel nacional, con el objetivo de reducir la dispersión normativa entre jurisdicciones.

Uno de los puntos más difundidos del proyecto es la creación de un régimen opcional de declaración jurada simplificada del Impuesto a las Ganancias para personas humanas y sucesiones indivisas. Podrán adherir quienes tengan ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio de hasta $10.000 millones.

En este esquema, la declaración será confeccionada por la administración tributaria sobre la base de la información disponible. Quienes paguen en término el impuesto determinado quedarán liberados de otras obligaciones formales vinculadas a Ganancias, salvo que se detecten errores graves, como omisión de ingresos, uso de facturas falsas o discrepancias significativas.

Aunque el proyecto es presentado públicamente como una vía para incentivar la formalización de ahorros no declarados, el propio informe del Ieral aclara que “no se desprende que se incluya un régimen de blanqueo de bienes”. La iniciativa no modifica el Impuesto a las Ganancias ni crea un mecanismo específico para exteriorizar activos.

El Ieral advierte que el éxito del proyecto depende de una transformación profunda del organismo recaudador. El estudio señala que, en 2024, la mayor parte del presupuesto del ente estuvo destinada a salarios y gastos operativos, con una participación marginal de la inversión en tecnología.

En ese marco, el proyecto de Inocencia Fiscal redefine las reglas bajo las cuales el Estado controla, sanciona y fiscaliza, con un impacto potencial sobre la relación entre los contribuyentes y el sistema tributario, y con efectos indirectos sobre los fondos que hoy permanecen fuera del circuito formal.

Fuente: telam