Las víctimas eran contactadas a través de plataformas de empleo y redes sociales, y citadas a entrevistas en oficinas alquiladas en la zona norte del conurbano bonaerense, principalmente en Vicente López y Olivos. Allí, Paolino, que usaba diferentes seudónimos, y su socia, identificada en distintas ocasiones con los alias “Liliana Pardi” o “Verónica”, les ofrecían trabajos que consistían en realizar viajes internacionales para supuestos trámites financieros, como el traslado de “títulos” o “bitcoins”.

Tras acudir a la cita en una oficina de la empresa REGUS, fue atendido por Paolino, quien se presentó como “Alan Rodríguez”, y por su socia, que se hizo pasar por psicóloga. Le explicaron que debía viajar al exterior para realizar un intercambio de moneda virtual y le prometieron una remuneración de tres mil dólares.

La sentencia también menciona el caso de Guillermo Enrique Castrillo Quispe, quien fue captado por la organización tras una entrevista en Vicente López. Castrillo Quispe viajó a Etiopía y, siguiendo instrucciones de Paolino y su socia, debía transportar una valija a la India.

Su pareja, M.N.S.L. confirmó en su testimonio la mecánica de captación y reconoció a Paolino como el hombre que se hacía llamar “Javier”.

La organización le prometió $300.000 y se encargó de gestionar su documentación. Portillo fue detenido en Malasia y deportado a Etiopía, donde enfrenta un proceso penal.

“No habrán tomado en cuenta cada noche lejos, cada lágrima, cada noche de terror para ellos y para nosotros sin poder ayudarlos. Sabemos que todo el tiempo que estuvo detenido le juega a favor a ese delincuente y que seguramente esté en las calles antes de que nuestros hijos regresen”, añadió.

Tras recibir instrucciones y firmar un contrato de confidencialidad, Elorza viajó a Brasil y luego a Camboya, donde fue detenido el 26 de octubre de 2022 en el aeropuerto de Guarulhos con 2.1 kilogramos de cocaína líquida en su equipaje. Actualmente cumple una condena de 4 años y 10 meses de prisión.

La materialidad de los hechos quedó acreditada a partir de un extenso cuerpo probatorio, que incluyó registros migratorios, listados de comunicaciones telefónicas, informes de empresas de telefonía, testimonios de las víctimas y sus familiares, documentación bancaria, contratos laborales, registros fílmicos de aeropuertos y allanamientos en domicilios vinculados a la organización. Entre los elementos secuestrados figuran dinero en efectivo y teléfonos celulares, cuyo decomiso fue ordenado por el tribunal.

En la audiencia, Paolino ratificó el contenido del acuerdo y manifestó comprender sus consecuencias. La Fiscalía, en tanto, prestó conformidad al acuerdo, considerándolo “válido, oportuno y ajustado a derecho”.

El tribunal dispuso además el decomiso del dinero en efectivo y los teléfonos celulares secuestrados en el domicilio del imputado, ubicado en Ramos Mejía.