>La senadora nacional Patricia Bullrich presentó una denuncia ante el Tribunal de Ética de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) contra las autoridades de la AFA por presuntas violaciones al Código de Ética y a la Política Anticorrupción, Antisoborno y de Cumplimiento de la organización sudamericana.

La denuncia, que se apoya en documentación oficial y en expedientes judiciales abiertos en la Argentina, describe un entramado de sociedades comerciales, contrataciones directas y movimientos patrimoniales que, según la senadora, comprometen los estándares de buena gobernanza exigidos por la CONMEBOL a sus asociaciones miembro.

Uno de los puntos centrales de la denuncia es la investigación judicial en curso sobre la sociedad Real Central S.R.L., formalmente integrada por Luciano Pantano (monotributista) y Ana Lucía Conte (jubilada y beneficiaria de asistencia social estatal).

La secuencia dominial de este inmueble resulta particularmente llamativa: en 2017 fue adquirido por el exfutbolista Carlos Tévez, en junio de 2023 pasó a manos de Malte S.R.L. (proveedora oficial de la AFA) y, menos de un año después, fue transferido a Real Central S.R.L.. Los socios de esta última fueron señalados en la investigación judicial como presuntos testaferros. Además, las expensas y gastos de mantenimiento de la propiedad se encontraban a nombre de Wicca S.A.S., sociedad vinculada a la exsecretaria de Finanzas de la AFA, María Florencia Sartirana, y al exdirector general ejecutivo del organismo, Juan Pablo Beacon.

El documento oficial destaca que la empresa es de “reconocida trayectoria y antigüedad como Proveedora Oficial de la Asociación”, pero la denuncia sostiene que existen vínculos societarios y personales con exdirectivos del organismo.

El crecimiento patrimonial de Real Central S.R.L. es otro de los aspectos subrayados. Informes oficiales de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) incorporados a la causa judicial dan cuenta de un incremento exponencial de los activos de la empresa, en simultáneo con el fortalecimiento de sus vínculos con directivos de la AFA. La sociedad declaró la titularidad de más de 59 vehículos de lujo, entre ellos Porsche, Ferrari, Audi R8, BMW y Mercedes-Benz, además de una colección de automóviles clásicos. Durante los procedimientos judiciales se secuestraron 45 automóviles de lujo, 7 motocicletas de alta cilindrada y 2 kartings, todos registrados a nombre de Real Central S.R.L.. Este perfil patrimonial resulta, según la denuncia, “absolutamente incompatible con la condición de monotributista del socio gerente y la percepción de beneficios sociales por parte de la otra socia, así como con la actividad económica declarada: servicios de transporte urbano y suburbano”.

A las investigaciones judiciales se suman observaciones administrativas formuladas por la Inspección General de Justicia (IGJ). La AFA presenta ocho años de estados contables sin aprobación, con partidas observadas que incluyen gastos administrativos y de gestión por aproximadamente USD 18 millones, pagos al Colegio de Árbitros y a la Escuela Técnica por USD 3,5 millones, gastos de selecciones nacionales por USD 44 millones y aportes y subsidios a FIFA y CONMEBOL por USD 12,5 millones. En total, existen más de USD 111 millones sin adecuada justificación contable. Además, la Dirección General Impositiva (DGI) presentó denuncias por presunta apropiación indebida de tributos y contribuciones por un monto superior a siete mil millones de pesos, atribuibles a la conducción de la AFA bajo la presidencia de Claudio Tapia.

La presentación concluye solicitando la apertura de una investigación preliminar, la evaluación de las conductas denunciadas a la luz de la Política Anticorrupción, Antisoborno y de Cumplimiento, y la adopción de las medidas que correspondan, incluidas sanciones disciplinarias, en caso de acreditarse las violaciones denunciadas. La senadora Patricia Bullrich deja constancia de que la denuncia podrá ser ampliada si surgen nuevos elementos probatorios, resoluciones judiciales, informes administrativos o documentación relevante durante el curso de las investigaciones en trámite.