>El Gobierno anunció que derogará la modificación a la ley de manejo del fuego aprobada en 2020, una normativa que había sido impulsada por Máximo Kirchner para regular el uso de tierras luego de un incendio. El anuncio fue realizado este martes 9 de diciembre por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante la presentación del informe final del Consejo de Mayo en la Casa Rosada.

Según los fundamentos del proyecto presentado, la ley buscaba “proteger aquellos ecosistemas que puedan ser víctimas de incendios y garantizar las condiciones para la restauración de las superficies”.

La decisión oficial se enmarca en una batería de medidas orientadas a liberalizar y agilizar los procesos de producción agropecuaria, la compraventa de tierras y la flexibilización de los condicionamientos impuestos a propietarios de campos afectados por el fuego. El equipo de gobierno fundamentó la iniciativa en la necesidad de eliminar trabas que —a su criterio— reducen la productividad y dificultan la recuperación económica de los sectores rurales, argumentando que resultaba contraproducente impedir durante décadas el desarrollo de actividades distintas a las registradas antes del incendio.

Durante aquella discusión la norma encontró resistencia en sectores rurales nucleados en Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), que expresaron públicamente su “enorme preocupación”. Desde la entidad se cuestionó que la iniciativa no distinguía la intencionalidad o culpabilidad respecto de los incendios y que consideraba a priori que los propietarios generaban quemas para hacer negocios. En un comunicado publicado durante el debate, CRA advirtió sobre la “manifiesta intencionalidad de la norma que pretende ejemplificar bajo el supuesto ideológico que los propietarios queman sus campos, cosechas e instalaciones para hacer negocios futuros”.

Actualmente, las modificaciones al sistema federal de manejo del fuego aprobadas en 2020 quedarán sin efecto tras la derogación impulsada por el Gobierno nacional, restableciéndose el régimen vigente antes de la iniciativa de Máximo Kirchner y permitiendo la reactivación de operaciones inmobiliarias y productivas sobre los campos incendiados, sin los plazos de restricción originalmente estipulados.