>Florencia Barragán analizó en Infobae en Vivo el estado de avance de la agenda de privatizaciones a dos años de la gestión Milei: solo una empresa pasó a manos privadas, mientras que otras emblemáticas, como AySA, Transener e Intercargo, enfrentan desafíos estructurales y falta de interés inversor.

Barragán hizo foco en la brecha entre los anuncios de campaña y la realidad efectiva del proceso privatizador. “No estamos ni en la segunda ni en la tercera generación de privatizaciones: apenas estamos arrancando. Solo una empresa pública, YMSA, ya está en manos privadas, y hay tres más que, según fuentes oficiales, podrían avanzar próximamente”, explicó. La periodista detalló que el caso de YMSA, empresa clave del sector metalúrgico mendocino, marca el inicio de esta etapa bajo el actual Gobierno. Se trata de una compañía que fue estatizada por crisis financiera, y que ahora, de la mano de ARC Energy, capitales estadounidenses, vuelve al sector privado. “Lo interesante del caso YMSA es que ahora está exportando grúas y material nuclear a Estados Unidos, gracias a la convergencia de negocios y geopolítica entre Argentina y Estados Unidos”, remarcó, y añadió que la operación también supuso la refinanciación de una deuda de USD 500 millones.

Respecto a la venta de Intercargo, Barragán indicó que la apertura del mercado, promovida por el ministro de Desregulación, Federico Sturzener, modificó el atractivo original: “Intercargo era muy cotizada por su posición monopólica, pero la desregulación hizo que ahora enfrente competencia de nuevos actores en el sector de servicios aeroportuarios, lo que impacta en su valuación. Si bien hay interesados, ya no constituye el negocio cerrado de antes”.

La periodista también reveló que, aunque el oficialismo impulsa la privatización de al menos ocho empresas, según la conocida “ley Bases”, no todas generan atractivo: “En algunos casos, desde el propio Gobierno reconocen que hay empresas invendibles porque no las quiere nadie. Yacimientos Carboníferos Río Turbio es un ejemplo: opera con enormes pérdidas, no exporta carbón, y sirve principalmente para sostener el salario de miles de trabajadores. Además, la central termoeléctrica asociada jamás llegó a funcionar plenamente”. La dimensión social de este tipo de compañías convierte cualquier intento de privatización o cierre en un dilema político y humano de alto voltaje.

Barragán advirtió que detrás del avance privatizador conviven las urgencias fiscales y la necesidad de construir reservas internacionales. “Con la licitación de las represas, el Estado espera sumar 700 millones de dólares en los próximos días. El doble propósito queda claro: por un lado, ingresar dólares frescos para reforzar las arcas; por otro, desentenderse de los gastos en subsidios y mantenimiento de compañías deficitarias”.

La periodista explicó la tensión inherente a transferir servicios públicos —especialmente esenciales como el agua— al ámbito privado: “La discusión es profunda, cruzada entre quienes defienden la gestión estatal de recursos naturales estratégicos y los que creen en la eficiencia privada. Hubo antecedentes en la región, como la crisis por la privatización del agua en Bolivia, o la creciente presencia de operadores extranjeros en Brasil. Pero aún en contextos favorables, el éxito de la privatización depende de la capacidad del Estado de regular a los nuevos operadores para evitar abusos y deterioro en la calidad del servicio”.

El contrapunto entre política y economía fue central en la columna de Barragán. Por una parte, reconoció la presión del oficialismo por apurar privatizaciones como vía para obtener resultados tangibles en materia de reservas, credibilidad ante los organismos multilaterales y cumplimiento de metas fiscales. Por otro, advirtió las resistencias internas, la debilidad de los mercados y las dudas de potenciales compradores frente a cambios regulatorios o escenarios de recesión.

El caso de Nucleoeléctrica, que opera las centrales nucleares, fue otro ejemplo citado por Barragán: “Genera ganancias y se piensa privatizar, aunque por la sensibilidad que despierta el sector nuclear, muchos se preguntan cómo operará la empresa bajo línea privada. La respuesta oficial es que la regulación garantizará seguridad y continuidad, pero el interrogante sobre la compatibilidad entre interés público y gestión privada persiste”.

La discusión sobre las privatizaciones atraviesa de lleno la agenda nacional en la administración Milei: es un terreno minado de disputas ideológicas, urgencias de caja, estrategias geopolíticas e intereses privados, todo enmarcado por las dificultades reales del mercado para absorber activos estatales relevantes o deficitarios.

• De 9 a 12: Gonzalo Sánchez, Maru Duffard, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

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