Haddad señaló que la Comisión Europea introdujo recientemente un fortalecimiento de las cláusulas de salvaguardia, un mecanismo que permitiría reaccionar ante una desestabilización del mercado europeo. El ministro calificó este cambio como un avance “útil y necesario”, pero insistió en que el conjunto de la arquitectura regulatoria sigue siendo insuficiente.

El núcleo de la preocupación francesa se concentra en el sector agrícola. El acuerdo facilitaría la entrada en el mercado europeo de carne, azúcar, arroz y soja sudamericanos, considerados más competitivos por sus menores costos de producción. Las organizaciones agrarias advierten desde hace años que una apertura de esa magnitud podría erosionar la rentabilidad de miles de explotaciones, especialmente en regiones ganaderas.

El debate francés se inscribe en un contexto más amplio. Desde la firma política del acuerdo en 2019, el texto ha enfrentado retrasos por objeciones ambientales, tensiones diplomáticas y la resistencia de varios Estados miembros. Francia, Irlanda, Países Bajos y Austria han expresado repetidamente inquietudes relacionadas con la deforestación en la Amazonia, la protección del clima y la competencia agrícola.

La posición de Francia añade presión sobre las instituciones europeas y confirma que el acuerdo UE-Mercosur continúa atrapado entre ambiciones geopolíticas y resistencias sectoriales que no ceden. El desenlace dependerá de la capacidad de Bruselas para equilibrar las exigencias ambientales y agrícolas con su agenda comercial estratégica.