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07/11/2025

Condenaron al exjefe de fiscales de Rosario a 9 años de prisión por corrupción vinculada al juego clandestino

Fuente: telam

En un fallo unánime, Patricio Serjal fue encontrado culpable de cobrar coimas mensuales en dólares a cambio de filtrar información a un operador del juego ilegal de Santa Fe. Quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos

>El exjefe de fiscales de Rosario, La resolución fue dada a conocer por los jueces Nicolás Foppiani, Facundo Becerra y Hebe Marcogliese, quienes ponderaron la existencia de una asociación ilícita encabezada por Serjal, quien utilizó al por entonces fiscal Gustavo Ponce Asahad para ir a cobrar el dinero. Se estima, era de cinco mil dólares por mes, a cambio de avisarle de allanamientos o de investigaciones en los que podía ser perjudicado.

Ponce Asahad ya fue condenado a través de un juicio abreviado, luego de haberse acogido a la figura de “arrepentido”. También brindó declaración testimonial en este juicio, donde aseguró que por encima del exjefe de fiscales había una pata política, puntualmente, en manos del senador provincial –por la jurisdicción de San Lorenzo– Armando Traferri.

Hubo otro condenado en el veredicto de este viernes, que fue el exempleado del Ministerio Público de la Acusación Nelson Ugolini, quien era secretario del fiscal Ponce Asahad –actualmente destituido de su cargo–. En su caso, le dieron cinco años de prisión y una inhabilitación para ejercer cargos públicos por 10 años.

El legajo cobró impulso entre julio y agosto de 2020, cuando fueron allanados Gustavo Ponce Asahad, fiscal, y Patricio Serjal, el jefe de la Fiscalía Regional de Rosario. Ambos fueron destituidos por la Legislatura santafesina y posteriormente fueron llevados a audiencia donde fueron imputados de haber integrado una organización que protegía el juego clandestino regenteado por Leonardo Peiti y se nutría de su dinero.

De acuerdo con la teoría del caso, Nelson Ugolini trabajaba como secretario del por entonces fiscal Ponce Asahad y tenía diálogo directo con Peiti, a quien filtraba información confidencial.

Esos procedimientos estuvieron dirigidos a personal del Correo y usuarios que habían traído figuras de acción coleccionables y álbumes musicales en formatos CD y vinilo que luego fueron comercializados.

Una consistía en marcar como destinatarias a distintas personas, pero un único domicilio. La otra, que la mercadería sea entregada sin la declaración jurada de la Aduana y sin que se hiciera un control aduanero en el Correo Argentino. En este último caso, los usuarios abonaban un 50 por ciento del valor de los impuestos, dinero que se quedaban los tres empleados sospechados.

Fuente: telam

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