Entre los funcionarios mencionados en su declaración se encontraban el entonces ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, el jefe de la Policía Bonaerense, Daniel García, el secretario Matías López, la fiscal general de La Matanza, Patricia Ochoa, y el fiscal federal Sebastián Basso.

No obstante, la instrucción judicial determinó que las afirmaciones carecían de sustento. Se acreditó documentalmente que el comisario mayor Miguel Alcides Flamenco Ferrero, a quien la imputada señaló como fuente de la información, había fallecido el 4 de febrero de 2023, lo que imposibilitaba que le hubiera transmitido datos posteriores a esa fecha.

López, actual comisario general y jefe de Planeamiento y Obras de la Bonaerense, está en la mira de la Justicia federal de San Isidro por su vínculo con Claudio Umaño, un imputado por lavado de dinero e involucrado en la venta de un complejo de cabañas por 2.800.000 dólares.

Durante su defensa en la causa por falso testimonio, Casal Gatto sostuvo que existió un error en la interpretación de sus declaraciones y que la información sobre la supuesta reunión le fue transmitida por otra persona, cuya identidad no reveló por temor a represalias. También cuestionó aspectos del procedimiento, como la búsqueda de pruebas y la impresión de su declaración en una oficina distinta.

La resolución cita jurisprudencia y doctrina que establecen que la mendacidad en la declaración indagatoria no puede ser valorada como elemento incriminatorio, ya que el imputado no está obligado a declarar contra sí mismo.

Fuente: telam