Según pudo saber Infobae, en las últimas dos semanas varios de los policías ya imputados en la causa ofrecieron declarar en carácter de “arrepentidos” para aportar información al fiscal, quien impulsó los nuevos procedimientos.

Se presume que en los primeros diez meses de la investigación se generó un perjuicio de al menos 45 millones de pesos mensuales a las arcas provinciales.

Los otros agentes acusados, pero de menor rango, fueron Javier Arce de Infantería, el subinspector Fernando Ceballos del Grupo Táctico Multipropósito, el subinspector Jorge Delgado de la División Logística, el subinspector Sergio López del Comando Radioeléctrico, el subinspector Gustavo Bazán de la División Logística, el inspector Juan Villordo de la brigada motorizada, la empleada de la División Personal Nancy Plomer y el inspector Franco Cuesta de la Policía de Investigaciones.

El fiscal Caterina expuso la evidencia recolectada mediante distintas medidas. Por un lado, leyó comunicaciones entre los coimputados, producto de intervenciones telefónicas. También mostró la información que arrojaron los GPS que él ordenó colocar a algunos patrulleros para comprobar los recorridos hechos y compararlos con el combustible cargado.

En su exposición, el fiscal enfatizó que en el relevamiento hecho con la División de Asuntos Internos detectó que había 85 patrulleros que figuraban fuera de servicio en julio del año pasado, pero aparecían cargando combustible en los documentos registrados por el personal policial involucrado.

Otro ejemplo fue el uso de un Renault Clio, un móvil no identificable, que era utilizado por el comisario Juan Pablo Pigozzi, quien solo en diciembre pasado le cargó combustible –según la documentación elevada– por 1.422.000 pesos. El fiscal ponderó que dicho monto arrojó que el auto llegó a cargar nafta hasta dos veces al día.