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28/10/2025

El Presupuesto 2026 prevé la eliminación de 155.000 pensiones por invalidez

Fuente: telam

El dato surge de la Oficina de Presupuesto del Congreso, mientras se debate el proyecto del Ejecutivo. Una medida judicial traba el recorte

>El Presupuesto 2026, presentado por el Ejecutivo en el Congreso, prevé una reducción de 155.000 pensiones por discapacidad. La proyección, incluida en los números para el año próximo, Así, la concreción final de los recortes está supeditada a decisión de la Justicia.

Vale recordar que esto ocurre en medio de la polémica por presuntas coimas en Andis, causa que involucró a Diego Spagnuolo, su ex titular, quien fue desafectado del cargo.

En tanto, la cantidad de jubilados y pensionados pasaría de 9,15 millones en 2025 a 9,01 millones en 2026 (-1,5%), “motivada básicamente por la caída en de titulares en las pensiones por invalidez”, lo cual implicaría 155.000 beneficiarios menos.

Jorge Colina, economista del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) explicó que esa previsión se debe a las revisiones que tiene que hacer la Andis.

Sucede que la Casa Rosada considera que “las pensiones por invalidez han sido históricamente una caja de la política que este gobierno está decidido a romper para garantizar los derechos de quienes realmente lo necesitan. En ese marco, se profundizará la gestión de auditorías y revalidación de pensiones”, dijo el vocero presidencial Manuel Adorni a través de su cuenta de X en agosto pasado.

Colina detalló que previo al recorte inicial había 1 millón de pensionados y opinó que una disminución de esa cifra es viable pero con buena gestión, “ahí es donde el Gobierno es débil”.

“Puede revocar las pensiones si se comprueba que la persona beneficiaria no posee una discapacidad del 67%. El problema es que se suspendieron un montón sin fundamentos”, explicó.

El magistrado manifestó que se trata de “derechos de indudable naturaleza colectiva”, pero también “individuales”, afectados de manera común “por una norma inconstitucional” y por una ejecución “irregular” por parte de la Administración.

La sentencia ordena que la Andis “restablezca la totalidad de las pensiones suspendidas y/o retenidas a los titulares de las mismas, pague el importe de los haberes de pensión retenidos a la fecha, en todo el territorio nacional; y, de igual modo, hasta tanto no recaiga sentencia definitiva, se abstenga de continuar las auditorias con base en la normativa cuestionada (dec. 843/2024) y de disponer nuevas suspensiones de pensiones no contributivas por incapacidad laboral”.

Dado que todavía no se resolvió la cuestión de fondo en la Justicia, Rafael Flores, economista especializado en presupuesto; apuntó: “Lo que recomendarían las buenas prácticas presupuestarias es que el recorte de pensiones se considerara un pasivo contingente. Es decir, un pasivo que no está asumido, pero que es posible que se tenga que pagar. Eso se detalla como parte de los riesgos fiscales que habrá a lo largo del ejercicio y que es necesario anotar porque cambian las cuentas públicas”.

Por otra parte, la OPC indicó: “Para asignaciones familiares se prevé un gasto de $10,1 billones (1,0% del PBI), lo que arroja un incremento real de 3,7% respecto del cierre estimado para 2025″. Pero “se proyecta una merma en la cantidad de asignaciones familiares por hijo, pasando de un promedio mensual de 4,5 millones este año a 4,4 millones en 2026″.

Fuente: telam

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