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22/10/2025

Condenaron a ocho años de prisión a una mujer trans por trata de personas y explotación sexual

Fuente: telam

La acusada, quien aplicaba diferentes multas económicas sobre las trabajadoras, permanecerá detenida en uno de los complejos penitenciaros más grandes de Mendoza

>La justicia de Mendoza condenó a ocho años de prisión efectiva a una mujer trans de 53 años, al encontrarla culpable de trata de personas, robo agrado y de una serie de delitos adicionales. El fallo unificó tres condenas anteriores —por lo que estableció una pena única— en relación con dos emitidas por la justicia provincial y una del fuero federal.

Las investigaciones judiciales determinaron que Araya lideraba una red de prostitución en la zona de la Costanera, donde sometía a explotación económica a mujeres, muchas de ellas en contextos de vulnerabilidad o adicciones. De acuerdo con la causa, operaba desde un departamento que se utilizaba para servicios sexuales, y empleaba la terraza como punto de vigilancia.

El caso se activó a partir de una denuncia anónima recibida en diciembre de 2020 a la línea 145 del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata. La investigación permitió reconstruir el modo de proceder de la persona, cuya estrategia se centraba en captar a mujeres trans y travestis mediante la promesa de brindarles seguridad en áreas bajo su control, como San José, la Cuarta Sección Este y parte del carril Rodríguez Peña, sectores que denominaba “La Ruta”.

El proceso judicial consideró distintos antecedentes. En 2012, dos mujeres trans la denunciaron por presuntas agresiones físicas después de negarse a abonar un dinero para trabajar en las inmediaciones del Acuario Municipal. Resultó absuelta en esa causa, debido a la falta de pruebas suficientes. En 2013, otra persona la identificó como autora intelectual de un intento de homicidio. En esa oportunidad, la víctima fue rociada con combustible y atacada con fuego, luego de rechazar las condiciones que la acusada exigía para ejercer la prostitución.

La unificación de todos los expedientes en su contra permitió que la Justicia definiera una sola pena de cumplimiento efectivo que abarcará los hechos por los cuales la condenada había recibido sentencias separadas.

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó a fines de septiembre una condena a La sentencia ratificó la existencia de un régimen de abuso sostenido y la privación sistemática de la autonomía de las víctimas. De acuerdo con el fallo al que accedió Infobae, en el inmueble funcionó un prostíbulo encubierto, donde las mujeres eran obligadas a mantener relaciones sexuales con terceros, bajo constante control y despojo del dinero producido.

El proceso determinó que las víctimas fueron reclutadas, trasladadas y controladas en un contexto de extrema vulnerabilidad. Según la justicia, Ramos organizaba los turnos, se apropiaba del dinero y limitaba los movimientos de las víctimas, mientras que Barrionuevo se encargaba de difundir imágenes, organizar los encuentros y cobrar parte de las ganancias.

Fuente: telam

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