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07/10/2025

La Justicia investigará a dirigentes por modificar una placa en homenaje a desaparecidos

Fuente: telam

La ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, informó acerca de la denuncia y señaló a dos ex ministros por participar del episodio

>La Justicia investigará penalmente a distintos dirigentes sindicales y referentes del movimiento de derechos humanos tras un acto realizado este martes 7 de octubre en la sede de la Secretaría de Trabajo, ubicada en Leandro N. Alem 650, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La acusación señala que durante la intervención, se modificó sin autorización la inscripción de una baldosa dedicada al recuerdo de trabajadores estatales desaparecidos durante la última dictadura militar.

La denuncia apunta contra quienes intervinieron el espacio físico donde habitualmente se preserva la memoria de los trabajadores estatales desaparecidos, una iniciativa impulsada por familiares y agrupaciones de derechos humanos en distintas instituciones del país. Según fuentes oficiales, el hecho quedó encuadrado en las figuras penales de daño según el artículo 183, daño agravado por el inciso 5 del artículo 184 y desobediencia al artículo 239 del Código Penal.

Entre quienes participaron del acto de intervención figuran representantes de la Intersindical de Derechos Humanos, ATE —incluida su secretaria adjunta Agustina Panisa—, y miembros de Satsaid, Sutepa, CGT y CTA. La denuncia oficial señala de modo particular la presencia de los ex ministros Tomada y Olmos como parte de quienes intervinieron en la colocación de la nueva baldosa conmemorativa.

Las agrupaciones sindicales y de derechos humanos sostienen desde hace años acciones conmemorativas en distintos edificios estatales para visibilizar el destino de trabajadores desaparecidos durante el último régimen militar. Sin embargo, la intervención llevada a cabo en la sede de la Secretaría de Trabajo derivó en enfrentamientos y fricciones entre asistentes y efectivos policiales que acudieron al lugar tras la denuncia presentada por los responsables ministeriales, de acuerdo a lo consignado en el parte oficial.

La presencia de Tomada y Olmos, ambos exfuncionarios de alto rango durante distintas gestiones, fue interpretada en ámbitos gubernamentales como un acto de respaldo político a la iniciativa sindical y de derechos humanos, aunque la imputación formal recayó principalmente sobre Catalano. La queja del Ejecutivo incluye la acusación de desobediencia a la autoridad al considerar que hubo advertencias previas sobre las normas que regulan las intervenciones en los espacios públicos bajo custodia gubernamental.

Fuente: telam

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