06/09/2025
Vecinos contra vecinos: el cruel sistema de vigilancia ciudadana en Nicaragua

Fuente: telam
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo se sostiene sobre una extensa red de espías y delatores, donde la orden es “todos a vigilar a todos”
>Nicaragua es un país donde nadie se siente a salvo ni siquiera en su propia casa. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha tejido una extensa red de espionaje en la que los vecinos vigilan a sus vecinos, opositores y críticos son forzados a convertirse en delatores, y las aulas y centros de trabajo se han vuelto trincheras de control político.
El sondeo, realizado entre abril y junio de 2025 en 40 municipios y con una muestra de 400 personas, reveló que el 92.25 por ciento de los encuestados identifica a los Consejos de Liderazgo Sandinista (CLS) como los principales operadores de vigilancia en su entorno.
“Este dato es interesante porque refleja que la gente siente que son sus propios vecinos quienes la vigilan: el CLS del barrio, los secretarios políticos”, explicó Jesús Tefel, dirigente de Hagamos Democracia.
La coordinación no se limita a lo territorial: se extiende a la vida institucional a través de la Policía, ministerios y alcaldías, y alcanza la vida cotidiana mediante docentes, brigadistas de salud, encuestadores y compañeros de trabajo que, por temor o coacción, reportan movimientos, amistades y conversaciones.
El asedio también incluye convertir en delatores a ciudadanos considerados opositores. Infobae conoció el caso de una nicaragüense, que por seguridad no mencionaremos su nombre, que fue sacada de su casa por civiles armados y llevada a celdas asiladas de la Cárcel Modelo.La instrucción política para esa red de espías fue refrendada en el acto del 19 de julio de 2025. En un discurso, Ortega instó a sus seguidores a espiar a sus vecinos “para que no le quede espacio alguno a los terroristas, a los conspiradores, a los vendepatrias, porque sabrán que en cuanto se les descubra, se les captura y se les procesa”.
En otra formulación durante esa misma jornada ordenó “mantenernos siempre con todas las tareas que tenemos que cumplir, sin descuidar la vigilancia revolucionaria” en los barrios y centros de trabajo.Según el GHREN, esa sentencia se convirtió en pauta de gobierno y justificó la incorporación de instituciones enteras a la malla de vigilancia: Telcor, Ministerio de Educación, de Salud, de la Mujer, del Interior, y todas las alcaldías, con centros de cómputo donde se procesan datos de ciudadanos.
Dentro del partido, los secretarios políticos son figuras clave para señalar “personas de interés” y ordenar su seguimiento. El alcalde de Jinotega, Leónidas Centeno Rivera, lo expresó sin ambages: “Sin descuidarnos nadita de nadie, todo aquel que puso una bandera al revés, hay que seguirlo vigilando… todo el que salió a la calle a protestar… tiene que seguir siendo sospechoso y vigilado”.El informe detalló la existencia del Centro de Información e Inteligencia Policial (CIIP), no contemplado en ley, que operó al menos desde antes de 2018 bajo coordinación de altos mandos, y verificó la operación de una unidad clandestina llamada Departamento Técnico Operativo o “H”, con fachada de empresas de servicios (telefonía, agua, energía, mensajería, fumigación o ventas ambulantes) para filmar en secreto, intervenir comunicaciones, registrar domicilios sin orden judicial, y conducir a opositores a casas clandestinas donde fueron interrogados y torturados.
La vigilancia se ejecuta también mediante tácticas de proximidad social. El GHREN expuso que la Procuraduría General de la República, bajo la conducción de Wendy Morales y coordinación política de Murillo, articula visitas “casa a casa” y en escuelas para distribuir “cartillas” sobre temas diversos comosalud, valores, formación, elaboradas por Minsa, Mined, Procuraduría de Derechos Humanos, Ministerio de la Mujer y Minjuve.Las brigadas suelen incluir miembros de Juventud Sandinista y secretarios políticos, y operan con listas de “personas de interés” elaboradas desde la Secretaría de la Alcaldía de Managua y otras estructuras.
Los centros educativos constituyen otro eslabón crítico. Tras el discurso del 19 de julio, Allison Lohlofftz, vicepresidenta de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN), admitió que la consigna presidencial se extendería a las aulas: “Él (Ortega) lo dijo: vigilancia revolucionaria, claro que lo dijo, desde todas las trincheras, desde cada aula de clase. Vigilancia revolucionaria desde cada esquina de tu trabajo, desde cada esquina de tu oficina”.Según relatos anónimos, vecinos, miembros de CLS, se presentan en casas para “entregar” carnés de militancia del Frente con nombre y foto del receptor, y lo “invitan” a integrarse al trabajo político comunitario, infiltrarse en grupos de WhatsApp y reportar conversaciones.
En el ámbito familiar, el chantaje sobre servicios de salud es otra herramienta: a una activista feminista detenida en 2021 le exigieron reportes semanales bajo la advertencia de que su madre, enferma de cáncer, perdería medicamentos y citas.
Afirmó que Policía, Ejército y Ministerio del Interior, “en coordinación permanente con la población nicaragüense”, han logrado establecer “mecanismos de prevención, atención y control” para neutralizar a “mercenarios y vendepatrias”. Su declaración confirma la fusión entre aparato estatal, partido y participación ciudadana coaccionada, y sugiere la adopción de capacidades de vigilancia electrónica que el GHREN vincula con intervención de comunicaciones y monitoreo sistemático.
La Policía los encuadra y, en paralelo, desarrolla misiones de inteligencia vecinal. Las alcaldías consolidan bases de datos con información personal; Telcor regula y sanciona medios y operadores de telecomunicaciones que no se alinean; el Ministerio del Interior articula listas y operativos; las estructuras partidarias indican a quién investigar.
El Ministerio Público acusó por “robo al pueblo nicaragüense” a siete integrantes de un grupo de WhatsApp denominado “La Comuna”, que sostenían debates académicos y críticos sobre el rumbo del país. Aunque no fue acusado, Desde la perspectiva de derechos humanos, el GHREN ha atribuido responsabilidades concretas a 54 funcionarios por crímenes graves vinculados a la represión desde 2018 y ha descrito un “Estado dentro del Estado” dedicado a identificar, vigilar, detener y judicializar opositores reales o supuestos.
La vigilancia, además, no hace más seguro al país: la encuesta de Hagamos Democracia registra una percepción mayoritaria de aumento de criminalidad pese a la expansión del espionaje.
Esa percepción se verifica en la vida cotidiana: vecinos que evitan saludarse, familias que callan en la mesa, trabajadores que miden cada palabra, estudiantes que dudan de sus compañeros. Y en el trasfondo, la directriz oficial para no “descuidar la vigilancia revolucionaria”.
Esta semana se conoció, sin confirmación oficial, de la presunta captura del ex jefe de la Seguridad del Estado en los años 80, Lenin Cerna. Pocos días antes fueron apresados el asesor de seguridad de Daniel Ortega y Rosario Murillo, Néstor Moncada Lau y Nicaragua es hoy un territorio donde un funcionario toca la puerta con una cartilla en la mano y una lista en el bolsillo, un policía llama los lunes con preguntas específicas, una dirigente estudiantil promete ojos en cada aula y un alcalde manda seguir a quien puso una bandera al revés. Y donde un presidente, ante miles de uniformados y empleados públicos, repite la orden que sostiene el engranaje: “Sin descuidar la vigilancia revolucionaria”.
Fuente: telam
Compartir
Comentarios
Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno!