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14/08/2025

El Gobierno licitó 720.000 cartas documento y se prepara para notificar numerosas suspensiones en las pensiones por discapacidad laboral

Fuente: telam

La administración libertaria ya dio de baja más de 110.000 prestaciones otorgadas de manera irregular y prevé seguir con ese proceso

>Mientras el veto presidencial a la Emergencia en Discapacidad oscila en la discusión política, en la administración libertaria de Javier Milei continúan con el El Gobierno tomó la decisión de continuar con la suspensión de estas pensiones. Esto se deduce de una licitación iniciada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) publicada el 30 de julio en Compr.Ar, el portal de licitaciones de la administración pública, el cual hace un llamado para la contratación de 720.000 servicios postales destinados al envío de cartas documento en todo el territorio argentino.

La ronda de revisión de pensiones fue anunciada por el vocero presidencial Manuel Adorni en febrero de este año. Allí informó que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el PAMI se encargarían de liderar la logística para el envío de cartas documento para llegar a cada uno de los beneficiarios de las 1.013.400 pensiones que estaban habilitadas hasta entonces. En ese operativo se les iban a requerir los documentos obligatorios que justificaban el otorgamiento de esa prestación, para determinar quienes no los cumplían y darlos de baja.

Coincidentemente, Adorni comunicó la semana pasada en conferencia de prensa que Este pliego establece la licitación de 720.000 servicios postales, siendo este el número máximo a contratar. Esto no implica que se vayan a suspender la misma cantidad de prestaciones, aunque sí es orientativo de que el número podría ser significativo. “A veces hay que mandar dos cartas documentos”, explican en el Gobierno.

El pliego establece que la entrega de las cartas documento debe realizarse en cualquier punto del país dentro de las 48 horas hábiles luego de su imposición. Si el envío no puede concretarse en el primer intento, la empresa tiene la obligación de realizar un segundo intento al día siguiente, y en caso de persistir la imposibilidad, gestionar la devolución al remitente tras cinco días hábiles.

Además de las cartas documento, el pliego incluye la provisión de servicios para cartas certificadas, cartas expreso y diversos tipos de encomiendas, abarcando un volumen total superior a 730.000 piezas entre todas las modalidades previstas.

Aun así, todavía hay domicilios en diferentes puntos del país que no pudieron ser identificados, por lo que el proceso de auditoría terminó resultando algo incompleto. Adorni esgrimió en declaraciones de la semana pasada que no habían presentado su documentación el 60% de todos los beneficiarios a nivel nacional.

El año pasado, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, había consignado que “entre 1999 y 2003 las pensiones se mantuvieron en torno a 80.000 beneficiarios, pero entre 2005 y 2015 ese número creció un 1225%, hasta llegar a 1.060.000 pensiones”, acusando que bajo la gestión de Cambiemos el número se mantuvo estable, pero que con la presidencia albertista la cifra creció sustancialmente.

Mientras tanto, la cuestión vinculada al veto presidencial sobre la Ley de Emergencia de Discapacidad continúa siendo un asunto de relevancia pública. La legislación busca regularizar pagos y actualizar aranceles fijados en el Nomenclador de Prestaciones Básicas, que fija las retribuciones que las obras sociales y las prepagas están obligadas a dar a quienes prestan servicios en discapacidad. No hay incremento de aranceles desde noviembre de 2024.

La emergencia fijada en esa ley aplica hasta el 31 de diciembre de 2027 y, a su vez, prevé reformar el sistema de pensiones no contributivas e implementar cambios en el manejo de la ANDIS.

Fuente: telam

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